LA PAZ. El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través del Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret), realiza el seguimiento a 180 casos de tortura y violencia de Estado registrados entre 2019 y 2020, utilizando los mecanismos establecidos en el Protocolo de Estambul para determinar el nivel de afectación y vulneración.
“Actualmente el Sepret tiene 180 personas que están siendo evaluadas bajo el Protocolo de Estambul, bajo estándares científicos, metodológicos que determinarán las secuelas reales de la tortura ocurrida entre el 2019 y 2020”, indicó la directora del Sepret, Nadeshda Guevara.
Guevara manifestó que durante ese periodo de tiempo se registraron graves vulneraciones a los derechos humanos, a partir de la práctica por parte del gobierno de facto de instaurar imputaciones colectivas amparadas en tipos penales abiertos como terrorismo, sedición o daño a la salud pública, con casos muchas veces fabricados, para ejecutar detenciones seguidas de torturas de personas que pensaban diferente o por haber hecho uso de su derecho a la protesta.
“Estas personas tienen graves afectaciones, han sido extremadamente golpeadas y humilladas; la tortura quiebra la personalidad y daña de manera significativa la dignidad de las personas”, remarcó la abogada, a tiempo de recordar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas establece que la tortura se constituye en un crimen de lesa humanidad.
Guevara explicó que “al utilizar estos tipos penales abiertos, también hubo una ruptura institucional y un estado de no derecho que provocó que se instaure la aplicación del derecho penal del enemigo donde se asumía a toda aquella persona que pensaba diferente al gobierno de turno como un enemigo que no tenía posibilidad de tener acceso a la justicia”, acotó.
Como ejemplo puso los casos detectados durante las masacres y represiones ocurridas en Sacaba y Senkata en noviembre de 2019, en Puente Vela en mayo de 2020 y en Villa Ingenio en julio de ese año, o los cientos de detenidos por expresar ideas en redes sociales como fue el caso del ciudadano Mauricio Jara, entre otros hechos donde se produjeron detenciones extrajudiciales, torturas y violencia de Estado, además de vulneraciones cometidas por grupos irregulares y paramilitares con la aquiescencia de autoridades del periodo de facto.
“Es evidente que en el año 2019 durante los conflictos y a partir del informe de la CIDH del 10 de diciembre de 2019, ha habido un conjunto de denuncias de graves violaciones de derechos humanos”, subrayó Guevara.
Diversos informes de instituciones nacionales e internacionales vinculadas a los derechos humanos, advirtieron la masacre de más de 30 personas dentro de un total de 37 fallecidos en medio de la violencia de 2019 y 2020; además del saldo de 800 heridos y 1.500 detenidos de manera ilegal y arbitraria que en su momento denunciaron torturas y malos tratos en las cárceles.
Asimismo, Guevara informó que el Sepret trabaja bajo tres elementos fundamentales: Primero, el compromiso del Estado de no repetición, “nunca más puede volver a ocurrir lo que se dio en 2019 y 2020 en ningún periodo histórico en Bolivia y para ello es necesario cambiar el tipo penal de tortura, tenemos un tipo penal que sanciona con cuatro años más allá de que nuestro bloque de constitucionalidad reconoce los tratados y convenios internacionales como un delitos de lesa humanidad a la tortura”.
El segundo elemento, establece que no debe existir impunidad para quienes causan la tortura, “mientras haya impunidad para estas personas (autores intelectuales y materiales), no vamos a poder hacer una defensa efectiva de los derechos humanos”.
El tercer elemento se refiere a la reparación del daño, “necesitamos la reparación para quienes son víctimas, no puede haber una persona que no tenga secuelas después de haber sufrido violaciones graves de los derechos humanos, una fue su vida antes de la tortura y otra es su vida después de ella”. (ACUERDOS/rjra)
