LA PAZ, David Inca, representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) El Alto, denunció el miércoles que la señora Amparo Carvajal, expresidenta de la APDHB, instruyó al secretario de la oficina central de esa institución rechazar cualquier informe o documentación sobre la masacre de Senkata.
“Instruyó al secretario de la oficina central de la APDHB, no recibir de parte de la APDH de El Alto, ningún informe o documento referente a las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en el mes de noviembre de 2019, en especial de la masacre de Senkata”, indicó.
Inca además recordó que Carvajal no es más presidenta de la APDHB, ya que su mandato orgánico concluyó en julio de 2018; sin embargo, continúa asumiendo arbitrariamente esas funciones.
También rechazó las afirmaciones de Carvajal, en sentido de que la APDHB no entregó informes y documentos al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), ya que fue la representación del El Alto que, en noviembre de 2020, entregó la documentación durante la estadía de los representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Bolivia.
“Es necesario desmentir a la expresidenta Amparo Carvajal que la GIEI – CIDH no haya recibido ningún documento de la APDH, puedo afirmar que sí recibió oportunamente de parte de la APDH – Bolivia las denuncias, testimonios, fotografías, vídeos, nómina de víctimas, certificados de defunciones, copias de autopsias, certificados médicos, documentos de identidad, informes de instituciones de derechos humanos que reflejaron las torturas sufridas por personal policial y médico ante las víctimas alteñas”, aclaró.
A tiempo de expresar su molestia ante la actitud de Carvajal, Inca le recordó que no es propietaria de la institución de derechos humanos y que según el estatuto interno dispone que los activistas tienen la obligación de denunciar toda violación de derechos, cosa que Carvajal ocultó durante el golpe de Estado.
“El estatuto de la APDHB aprobado en el segundo congreso orgánico del año 2014, el cual la expresidenta firmó, claramente dispone que los activistas permanentes tenemos la ineludible obligación de denunciar las masacres, torturas, genocidios, juicios extrajudiciales, tratos inhumanos y degradantes; es decir, tenemos que denunciar las violaciones a los derechos humanos. No es ético, ni moral defender a la persona o grupo de personas que ordenaron usar las armas de guerra para herir o matar”, resaltó. (Abi)
