LA PAZ, La Fiscalía y la Policía procedieron a la aprehensión de Milena Soto, cabecilla de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), grupo paramilitar que operó para consolidar el golpe de Estado de 2019 y es responsable de ataques a indígenas, a mujeres de pollera, a la Alcaldesa de Vinto, además del vandalismo a oficinas de la Fiscalía General del Estado, en la ciudad de Sucre.
La aprehensión se produjo en la ciudad de Cochabamba. Los policías mostraron sus placas y la orden de aprehensión contra Soto, quien se negó a que le coloquen manillas antes de ser trasladada hasta la ciudad de Sucre.
Soto es cabecilla de la agrupación conocida como la Resistencia Juvenil Cochala, que operó en motocicletas (motoqueros) para atacar a sectores campesinos e indígenas que llegaron a la ciudad de Cochabamba para expresar su rechazo al golpe de Estado de Jeanine Áñez.
Esa organización paramilitar es también responsable del secuestro, agresiones, corte obligado de cabello de la entonces alcaldesa de Vinto, Cochabamba, por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Patricia Arce, quien fue obligada a caminar descalza, además de sufrir humillaciones públicas en noviembre de 2019.
“Fue un grupo paramilitar entrenado para amedrentarnos, agredir a las personas, a las mujeres y personas indígenas de pollera”. “Lo que ha hecho este grupo mal llamado Resistencia Juvenil Cochala fue ir a quemar ánforas, han ido a quemar domicilios, han ido a agredirnos, arrastrarnos. Ustedes (medios de comunicación) han mostrado, como a señoras de pollera han golpeado. A mí me han arrastrado hasta Quillacollo, me han cortado el pelo, han hecho todo eso”, recordó Patricia Arce.
La agrupación Resistencia Juvenil Cochala también es investigada por beneficiarse del desvío de combustible que realizaba la Séptima División de las Fuerzas Armadas (FFAA) en Cochabamba.
“(Una denuncia en audio) nos habla del desvió de combustible a favor de la Resistencia Juvenil Cochala, es decir que, desde las Fuerzas Armadas, desde la Séptima División se estaba solventando el funcionamiento de la Resistencia Juvenil Cochala”, indicó el secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, el 29 de julio de 2021.
Quispe indicó que la investigación se hará en el marco de la denuncia sobre el desvío de combustible de las FFAA y el consentimiento de que civiles transiten las calles vestidos de militares. “Nos habla de que el responsable de la Séptima División consentía que los ciudadanos paseen por las calles uniformados con grados militares”, aseveró el Fiscal.
Por otro lado, en octubre de 2020, integrantes de la RJC procedieron a atacar y vandalizar el edificio de la Fiscalía General del Estado, en la ciudad de Sucre, con el objetivo de forzar la renuncia del fiscal Juan Lanchipa antes de las elecciones generales de ese año.
La Fiscalía inició acciones penales en contra de la Resistencia Juvenil Cochala, a la cabeza de Yassir Molina, por haber ocasionado daños en contra de la infraestructura del Ministerio Público, Patrimonio Histórico de la capital del Estado.
El 10 de agosto de 2020, Milena Soto, de la Resistencia Juvenil Cochala, anunció la auto-convocatoria a sus integrantes para desbloquear los caminos que fueron interrumpidos por sectores sociales que entonces exigían elecciones generales al régimen de Jeanine Áñez.
El 1 de diciembre de 2019, integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala fueron homenajeados en un acto al que asistió el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo.
El 20 de enero de 2020, Arturo Murillo pidió a la Policía que se reúna con los líderes que conforman la Resistencia Juvenil Cochala para «agradecerles» por lo realizado en los conflictos.
Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Defensoría del Pueblo, denunciaron las agresiones, ataques y abusos que cometieron integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala durante el régimen de Áñez. (Abi)
