LA PAZ, La libertad de expresión y el trabajo de las y los periodistas antes, durante y después el golpe de Estado de 2019 también fue violentado. La ministra de Trabajo, Verónica Navia, afirmó que entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2019 se registraron numerosos casos de agresión verbal y física a trabajadoras y trabajadores de la información.
“La página 332, numeral 3, Narraciones Contrapuestas: Ataques a la Prensa, recoge testimonios de periodistas nacionales y extranjeros de radio y televisión que fueron víctimas de la violencia ejercida por militares, policías, grupos paralimitares y parapoliciales e incluso civiles que respaldaban al gobierno de facto en diferentes puntos del país”, afirmó Navia.
El informe del GIEI establece que resulta alarmante que la cifra de las acciones violentas registradas en un periodo tan corto constituyan ataques a la libertad de prensa mediante la hostilidad, el amedrentamiento y la agresión física, en el marco de los llamados a defender -aunque desde distintas perspectivas- la democracia amenazada.
“La investigación del GIEI, respecto a este punto, está respaldada por testimonios y filmaciones que evidencian la pasividad con que la Policía actuó ante las agresiones de los uniformados y de civiles contra periodistas que informaban desde el lugar de los hechos. El informe indica: nunca antes había sido tan difícil ejercer el periodismo en Bolivia”, puntualizó Navia.
Las agresiones y los hostigamientos a la prensa por parte de la policía no ocurrieron solamente en medio de manifestaciones violentas. El 7 de noviembre, la periodista Daniela Romero, a cargo de la cobertura de los temas de seguridad, fue acosada por uno de los asesores del comandante de policía de La Paz, Yuri Calderón, describe el informe del GIEI.
“Hay testimonios, por ejemplo, del fotoperiodista de La Razón, Álvaro Valero; del camarógrafo Alejandro Camacho, de Red Uno; Álvaro Peña, del periódico La Opinión; Daniel James, fotógrafo de Los Tiempos; la periodista Adriana Mendoza, de Gigavisión; el camarógrafo de Tele C, David Aramayo; Luis Vitto Vargas, del periódico Caza Noticias; la corresponsal del periódico Al Jazeera, Teresa Bo y muchos otros que fueron agredidos por las fuerzas del orden y los miembros de grupos civiles armados”, relató Navia.
A esto se añade la posición de la exministra de Comunicación Roxana Lizárraga quien vinculó, en tono amenazante, la actuación de periodistas identificados como enemigos del régimen golpista con actos de sedición. El cierre de algunos medios de comunicación como las radios comunitarias, entre otros, también fue parte de las acciones aplicadas contra la libertad de expresión. (ACUERDOS/rjra)
“Estos casos, que también están respaldados por fotos tampoco deben quedar en la impunidad para seguridad laboral de las y los periodistas y la vigencia plena de la libertad de expresión en el país”, concluyó la Ministra de Trabajo.
