LA PAZ
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aclara que la Ley N°1392, del 8 de septiembre de 2021, para la Devolución Parcial o Total de Aportes no contempla intereses financieros, por lo que es un error conceptual manifestar que se pretendería aplicar dicha figura.
“La norma es equitativa y fue proyectada de manera responsable con el propósito de no afectar a la persona que decida no acogerse al beneficio de la que de manera voluntaria solicite el mismo”, señala un boletín institucional.
El artículo 7 de la mencionada Ley establece que los aportes devueltos parcial o totalmente a los asegurados podrán ser repuestos antes de presentar la solicitud a una prestación del Sistema Integral de Pensiones (SIP).
En ese sentido, “se rechaza las expresiones de personas que buscan desinformar a la población aseverando que la norma es una trampa y que el Gobierno es supuestamente irresponsable con los asegurados al SIP por haber efectuado mejoras en la ley”, acota la nota.
Esta medida es de carácter excepcional y por única vez, establece como fuentes de financiamiento para la devolución de aportes: la disponibilidad acumulada (liquidez), los vencimientos de la cartera de inversiones y la recaudación mensual del SIP que está a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Se tiene a disposición alrededor de Bs 3.900 millones y como potenciales beneficiarios 1,4 millones de asegurados.
El desembolso por el pago de esta medida no afectará la liquidez del sistema financiero nacional y se mantendrá la estabilidad, sostenibilidad y prestaciones del SIP como la Pensión de Vejez, Pensión Solidaria de Vejez y Pensiones por Muerte e Invalidez; sin interrumpir el derecho adquirido de los asegurados y derechohabientes que vienen percibiendo una prestación mensual.
No será necesario realizar ninguna desinversión y de esa forma no se afecta a otros sectores donde las AFP hayan efectuado inversiones.
El Ministerio de Economía y Finanza Públicas recuerda que la solicitud de devolución de aportes fue proyectada el 2020 por asegurados que agrupados en diversos movimientos ciudadanos buscaban obtener un ingreso económico para paliar las necesidades emergentes por la pandemia del COVID-19 y que se agravó por las acciones desacertadas del gobierno transitorio que en lugar de ayudar a los hogares bolivianos generaron un caos económico en cada uno de ellos.
Toda medida económica implementada por el Gobierno Nacional es cuidadosamente analizada técnica y legalmente por esta Cartera de Estado, en el marco de sus atribuciones y competencias, realizando un trabajo responsable en todos los proyectos de norma propuestos, para beneficio de las y los bolivianos, concluye el documento. (ACUERDOS/rjra)
