LA PAZ, La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, señaló que en el escenario actual marcado por el destape de una red de corrupción judicial que libera a condenados por feminicidio “hay una interpelación muy dura al Órgano Judicial y a cierta parte de la sociedad que normaliza el comportamiento machista”.
Una vez que se descubrió que el exjuez Rafael Alcón y otros actores judiciales dieron curso a la liberación del feminicida Richard Choque, con certificados médicos adulterados y otras argucias legales, y siendo evidente que este es solo uno de varios casos similares que determinan que violadores y feminicidas sentenciados estén libres, el presidente Luis Arce decidió la creación de una Comisión de revisión de casos de violación y feminicidio que trabaja con el objetivo de indagar y hallar respuestas concretas a las irregularidades en un plazo máximo de 120 días.
“Es necesario hacer una profunda reflexión a nivel personal y colectivo para cambiar de actitud y tomar conciencia de la violencia generalizada contra la mujer. No queremos que la Comisión se convierta en un espacio de revictimización, nuestra labor es dar respuestas rápidas a fin de lograr una trasformación estructural de la problemática”, sostuvo Prada.
Recalcó que uno de los fines principales del equipo interinstitucional de trabajo es encargarse de que en todos los casos que tengan sentencia ejecutoriada, esta se cumpla y los condenados estén efectivamente en la cárcel.
“Debe actuarse con todo el peso de la ley contra estas personas, a quienes la ciudadanía acude para hacer justicia por los diferentes delitos contra la mujer”, dijo, en relación a los jueces y otros profesionales del sistema judicial implicados en las redes de corrupción.
Por su parte, Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer remarcó que desde 2013 cuando se aprobó la Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia en Bolivia se registraron entre 850 y 900 feminicidios, cifra que varía por problemas de coordinación entre Fiscalía y FELCV.
Informó además que 29 % de estos casos están con sentencia, pero no todos con sentencia ejecutoriada. Ahí es precisamente donde enfatizará el trabajo de la Comisión. (ACUERDOS/rjra)
