LA PAZ, El Gobierno de Bolivia activó gestiones con la finalidad de “reparar un error histórico” y lograr el retiro de la coca de la lista de estupefacientes. En mayo se formalizará el pedido de revisión, en lo que es el inicio de un trámite que se extenderá por dos años, informó el viceministro de Relaciones Exteriores, Freddy Mamani.
“El Estado Plurinacional de Bolivia ha tomado la iniciativa de activar un proceso para revisar la actual clasificación de la hoja de coca, como estupefaciente en la lista 1 de la Convención Única de 1961 sobre estupefaciente, a través de un examen crítico por parte de la Organización Mundial de la Salud”, explicó.
La iniciativa está dirigida a reparar un “error histórico” cometido con la hoja sangrada, por parte del régimen de control de drogas. Bolivia es productor de coca, pero con una política de reducción y eliminación de los cultivos excedentarios e ilegales. La Ley General de la Coca fija un límite de 22.00 hectáreas.
“La intención es obtener una valoración de la Organización Mundial de la Salud basada en la evidencia científica, reconociendo los usos y beneficios de la hoja de coca y alcanzar recomendaciones que puedan ampliar el espacio legal para el mercado en el futuro”, señaló el vicecanciller.
Mamani reivindicó los usos benéficos de la hoja de coca y señaló que las actuales restricciones impuestas por la convención “obstaculizan el potencial mercado internacional de productos de coca” que podrían beneficiar a la comunidad internacional.
En el marco de la estrategia nacional, este martes el Gobierno organiza un panel paralelo en Viena, Austria, sede del 66 periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas.
El evento se denomina “La hoja de coca y el control de drogas de la ONU: reparando un error histórico”, que será abierto por el vicepresidente David Choquehuanca y que contará con la exposición del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, del ministro de Justicia y del Derecho de Colombia, Néstor Osuna, y del representante de la UNODC en Bolivia, Troels Vester.
Mamani anticipó que en “este evento paralelo”, copatrocinado por el Gobierno de Colombia, que preside el 66 periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, se explicará “la revisión crítica” que plantea Bolivia.
Adelantó que la delegación de “Bolivia, en el panel de expertos, exigirá que en la revisión crítica se incorpore a expertos de los pueblos indígenas y de la medicina tradicional, que es elemento sustancial para reparar este error histórico que cometió la Convención de 1961”.
De manera adicional, Mamani anticipó que para la reclasificación de la hoja de coca de la lista 1 de la Convención de 1961, la carta oficial y el dossier serán presentados “hasta mayo de este año”, en el marco de los procedimientos establecidos.
Esta solicitud sería presentada ante la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (CND), organismo encargado de la regulación y control internacional de drogas.
La Convención de 1961 reconoce a la hoja de coca como estupefaciente, prohíbe su consumo y la masticación. La coca está incluida la lista de estupefacientes. Sin embargo, en el artículo 49 de dicho documento se establece que “toda parte (país) miembro de esa Convención) podrá reservarse el derecho de autorizar temporalmente en cualquiera de sus territorios” varias disposiciones, entre ellas, la “masticación de la hoja de coca”.
En Bolivia se tiene en vigencia la Ley 864, del 13 de diciembre de 2016, que declaró “Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia al Acullico como la masticación tradicional de la hoja de coca, que permite extraer el contenido de sus nutrientes”.
El presidente Luis Arce es un convencido que la coca, que forma parte del sustento de miles de familias, debe ser industrializada por sus potenciales medicinales.
De acuerdo con el vicecanciller, el trámite para lograr la descalificación del arbusto podría tomar aproximadamente unos dos años como sucedió con la despenalización del masticado de la hoja de coca que se logró en 2013.
Bolivia, junto a 53 Estados miembros de las Naciones Unidas, es miembro de la Comisión de Estupefacientes por un periodo de 4 años desde el 2022 hasta el año 2025.
La Comisión es el principal organismo encargado de la formulación de políticas del sistema de fiscalización de estupefacientes. Además, supervisa, desarrolla estrategias de fiscalización y recomienda medidas para luchar contra las drogas. (ACUERDOS)
