La Paz, 15 de agosto de 2020.- La Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) informó a la Ministra de Salud sobre su decisión de suspender temporalmente el proceso de compra de reactivos PCR para la detección del COVID-19 y dar lugar a una evaluación detallada de toda la documentación correspondiente a ese trámite luego de que el laboratorio uruguayo ATGen emitiera reclamos.
“Los antecedentes a los que he podido tener acceso a través de información recibida de la AISEM permiten observar, preliminarmente, que la mencionada empresa no habría cumplido con uno de los requisitos ineludibles para participar, como es la certificación internacional ya sea de la FDA estadounidense o de la Comunidad Europea”, informó la Ministra y subrayó que la certificación es una recomendación de la OPS/OMS.
Por su parte el Director General Ejecutivo de la AISEM, Hernán Pereira, informó que la empresa ATGen no presentó el formulario con las especificaciones técnicas de los reactivos.
“La empresa sólo presentó un brochure de propaganda de la empresa, donde sólo incluye características técnicas de la oferta (reactivos para pruebas COVID-19) y no así el formulario de especificaciones técnicas donde está incluida la certificación de la FDA o Comunidad Europea que acredita la calidad de su producto. Sólo incluyeron un certificado del Ministerio de Salud de Uruguay, lo cual no fue requerido”, detalló en conferencia de prensa.
Pereira aclaró que al no recibir el formulario de especificaciones técnicas no había elementos para poder valorar la calidad del producto de ATGen.
En relación a la denuncia de la empresa uruguaya, el director de la AISEM indica que fue emitida por el canal incorrecto, ya que las empresas que tienen algún reclamo pueden hacerlo al financiador, en este caso el Banco Mundial, “Ellos recurrieron a la denuncia además con información falsa en relación a la presentación requerida para la compra”
Al respecto la Ministra Eidy Roca instruyó a la unidad Transparencia del Ministerio de Salud evaluar el proceso en base a normas vigentes. “El objetivo es determinar si efectivamente hubo alguna irregularidad o si la denuncia carece de fundamento, en cuyo caso nos reservamos el derecho de iniciar un proceso contra la empresa denunciante por haber faltado a la verdad”.
El proceso, que contó con la supervisión del Viceministerio de Transparencia del Ministerio de Justicia, aun no llegó a su etapa final, por lo que cabe la posibilidad de una última y exhaustiva verificación, antes de la suscripción del contrato de compra.
