Jimena Mercado
El narcotráfico, aunque no siempre pueda señalarse en cada yacimiento o cooperativa específica, se perfila en los informes nacionales e internacionales como un actor estratégico que aprovecha la minería informal e ilegal para diversificar sus operaciones; una especie de “laboratorio de impunidad”, afirma Jaime Cuéllar.
En análisis del abogado, especialista en minería ilegal, la influencia del narcotráfico se filtra en la cadena de extracción, comercialización de oro y circulación de mercurio, transformando recursos naturales en vehículos de legitimación de capitales y ampliando su capacidad de maniobra económica sin que la fiscalización estatal logre contenerlo.
“Se utiliza a la minería ilegal como instrumento para reinvertir capitales ilícitos, legitimarlos y expandir influencia (…). La extracción informal, la comercialización de oro, la importación y reexportación clandestina de mercurio hacia países vecinos permiten transformar dinero sucio en recursos aparentemente legales, facilitando lavado de capitales, financiamiento de nuevas operaciones ilícitas y adquisición de tecnología”, señala a ANA.
El impacto de esta dinámica es multidimensional, según Cuellar, erosiona la autoridad del Estado, abre espacios de impunidad, debilita control territorial, degrada ecosistemas y vulnera la seguridad de comunidades y trabajadores. Ninguna medida aislada resulta suficiente.
“Solo la cooperación internacional robusta a través del intercambio de información, operativos transfronterizos coordinados, con regulación compartida de insumos críticos y supervisión de cadenas de comercialización puede frenar este ciclo”, afirma el jurista.
En ese marco afirma que la minería ilegal en Bolivia ha dejado de ser un fenómeno local para convertirse en un nodo estratégico de crimen transnacional, donde la inversión y legitimación de capitales ilícitos a través de oro, mercurio y cooperativas parcialmente legales consolidan poder económico y erosionan la institucionalidad.
“La indiferencia política y la falta de prioridad del Estado permiten que estas redes operen con impunidad, mientras la sociedad asume los costos y la pérdida de soberanía sobre recursos estratégicos”, asegura Cuéllar, quien denunció al Estado boliviano ante la Comunidad Andina (CAN) por el presunto incumplimiento de la Decisión 774.
La actual problemática de la minería ilegal del oro requiere una respuesta estructural e internacionalmente coordinada y sostenida -dice el abogado- quien considera que es la única forma de frenar la expansión de estas redes y restaurar la gobernabilidad y el Estado de Derecho para Bolivia.
Bolivia en la red hemisférica: oro, mercurio y crimen transnacional
Jaime Cuéllar asegura que Bolivia no opera en aislamiento, ya que la extracción ilegal de minerales, el comercio ilícito y el narcotráfico forman parte de un circuito transnacional que conecta con Brasil, Perú, Ecuador y Colombia.
“Bandas criminales utilizan el oro para blanquear capitales, financiar operaciones y adquirir activos estratégicos, mientras el mercurio circula clandestinamente con destino a minas informales”, sostiene.
Según el estudio “El comercio del mercurio en Bolivia” de Óscar Campanini del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), el país se ha convertido en el campeón de importación de mercurio a nivel de la región y subcampeón a nivel mundial, con aproximadamente 200 toneladas año, pero no solo eso, sino que también “exporta” de manera ilegal (contrabandea) más de la mitad de ese volumen a los países vecinos.
“El cooperativismo minero actúa como columna vertebral de este esquema: empresas extranjeras operan detrás de estructuras locales, desviando ríos, contaminando ecosistemas y contrabandeando minerales hacia países vecinos. La cobertura legal parcial de las cooperativas permite operar al margen de la supervisión estatal, reforzando la impunidad y consolidando la posición de Bolivia como nodo estratégico de extracción y tráfico ilícito”, asegura.
El uso indiscriminado del mercurio contamina agua, suelos y comunidades indígenas y campesinas, mientras que la limitada presencia estatal en regiones amazónicas, la permisividad de regulaciones y la extensión indefinida de plazos de formalización permiten que estos circuitos proliferen sin freno.
Las cooperativas mineras, con más de 1.600 dedicadas a la extracción aurífera de un total de 2.100 en Bolivia, han perfeccionado un arte de doble filo: apariencia legal, operación ilegal. Muchas poseen permisos solo para exploración y prospección, pero utilizan maquinaria pesada, arriendan concesiones o explotan intensamente sin cumplir normas laborales ni ambientales. (ANA)