Casi al mediodía de este lunes 8 de junio, el presidente Constitucional, Rodrigo Paz Pereira, promulgó la Ley 1740 de Regulación de estados de Excepción”. En el acto de presentación de la norma, el presidente afirmó que su deber, de acuerdo a la Constitución Política del Estado (CPE), es defender a la población del narcoterrorismo infiltrado en los bloqueos de caminos y cercos a ciudades que sufre Bolivia.
Esta norma reglamentaria le permite al Gobierno declarar el estado de excepción y cumplir la Constitución Política del Estado (CPE) que en sus artículos 137, 138, 139 y 140, establecen la defensa de la seguridad del Estado de tres peligros: “amenaza externa, conmoción interna o desastre natural”.
Dirigentes afines a Evo Morales, de la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari y la Central Obrera Boliviana (COB) han organizado durante 40 días el bloqueo de caminos en varios departamentos negándose a dialogar porque exigen la renuncia del presidente Paz Pereira.
Estos bloqueos han impedido a la mayoría de la población ejercer derechos humanos fundamentales: a la vida, salud, educación, seguridad personal, libre tránsito, trabajo y muchos otros.
Además, el impacto de los bloqueos a la economía de la población y del país, han causado un daño estimado en dos mil millones de dólares durante el mes de mayo. Las familias pobres son las que más han sufrido esta situación, mientras que la clase media se empobrece, y los sectores productores e industriales no pueden generar dólares para el país, por tanto, no se genera riqueza e ingresos para Bolivia.
En mayo, según datos de la Defensoría del Pueblo, se verificó 37 personas heridas durante operativos de desbloqueo y marchas, entre ellas policías, periodistas, personas movilizadas y transeúntes. El reporte también consigna al menos 10 casos de personas fallecidas.
