La Paz, 25 de septiembre de 2020.- “No queremos más niñas embarazadas”, dice Harold Robinson, Director de la Oficina Regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) para América Latina y el Caribe, al referirse al embarazo en adolescentes, ya que la maternidad en esa etapa de la vida, en la mayoría de los casos, trae consecuencias negativas e irreversibles.
Hoy se observa a nivel regional “la Semana de la Prevención del Embarazo Adolescente”, la cual tiene como objetivo evitar las consecuencias del embarazo no planificado en este grupo etario. En este esfuerzo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas hace un llamado urgente para que los gobiernos de la región apliquen estrategias y medidas inmediatas enfocadas en la reducción del embarazo adolescente, exhortó Robinson.
La maternidad es un motivo de celebración y realización para muchas mujeres. Sin embargo, hay un momento para ser madre. Todo el proyecto de vida de la adolescente cambia, su dependencia económica se incrementa y sus perspectivas educativas y laborales se evaporan.
La región de América Latina y el Caribe ocupa el segundo lugar en cuanto a maternidad adolescente con 62 nacimientos por cada 1,000 niñas adolescentes entre 15 y 19 años y quienes por lo general viven en situación de pobreza y con un limitado acceso a servicios sociales básicos.
No debe sorprendernos que la situación se haya agudizado por la interrupción de los servicios de salud sexual y reproductiva causada por la pandemia del COVID-19. En muchos países los centros de salud cerraron y la disponibilidad de recursos financieros para la ejecución de programas de salud sexual y reproductiva para adolescentes y jóvenes, quedó restringida, afirma Robinson.
Para muchos la situación es preocupante, no solo por las consecuencias inmediatas que esto trae para las niñas y adolescentes, sino por la pérdida de sus oportunidades de desarrollo, así como por los altos costos económicos que tiene el embarazo temprano para el Estado y la sociedad.
El costo de cada embarazo adolescente en América Latina y el Caribe alcanzó, en 2018, en promedio, el equivalente a 1.210 dólares anuales. Este número considera lo que las mujeres dejan de ganar porque trabajan menos, porque trabajan en empleos peor remunerados y porque, al ganar menos también pagan menos impuestos. Multiplicado por el millón y medio de embarazos adolescentes anuales esto equivale a pérdidas de oportunidades para las madres jóvenes y para los Estados superiores a 1.800 millones de dólares anuales.
Reconocemos los esfuerzos que han hecho los países en la formulación de planes nacionales de salud reproductiva y desarrollo en América Latina y el Caribe; sin embargo, es muy importante monitorearlos y evaluarlos, en base a la evidencia disponible. Esto nos permitirá revaluar las intervenciones que no funcionan, incluidas las campañas, y reforzar aquellas que han arrojado resultados positivos para llegar, de un modo eficaz, a los adolescentes que viven en condiciones de vulnerabilidad, especialmente aquellos pertenecientes a comunidades más pobres, indígenas, afrodescendientes y migrantes.
Es probable que a partir de esas revaluaciones podamos asegurar que los recursos sean invertidos en acciones concretas cuya eficacia sea comprobada, y se formulen programas sostenibles en el tiempo y a gran escala. Adicionalmente es importante darle prioridad a las zonas geográficas y segmentos socioeconómicos de mayor prevalencia, así como a los países que se encuentran en situaciones frágiles y de crisis humanitarias. Todo ello permitirá crear un ambiente propicio para la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes.
Si estos compromisos se aplican con rigurosidad, sin lugar a dudas se contribuirá a la reducción del embarazo adolescente y se brindará un importante apoyo para que las niñas y adolescentes ingresen a la vida adulta como ciudadanas empoderadas, conocedoras de sus derechos y con mejores oportunidades para desarrollar todo su potencial.
Tenemos frente a nosotros el desafío de atender una de las más severas crisis que hemos vivido, pero también la gran oportunidad de encontrar nuevos caminos de desarrollo humano y económico. El llamado es a no quedarnos inmóviles y no dejar a nadie atrás. Todos —autoridades, asociados regionales, sociedad civil, sector privado, social, educativo y sanitario, comunidades y padres— debemos sumarnos de manera urgente hacia la aceleración del progreso para la reducción del embarazo adolescente. Nuestras niñas y adolescentes necesitan que las apoyemos y les ofrezcamos oportunidades reales. Ella, como todos, merece gozar del ejercicio pleno de sus derechos y libertades fundamentales.
