Se prevé el cierre de 2,7 millones de empresas formales en 2020, mientras que el desempleo alcanzaría a 44 millones de personas, señala la CEPAL. Mientras en Bolivia, los candidatos presidenciales advierten riesgo de catástrofe económica.
REDACCIÓN CENTRAL Para la recuperación y la transformación económica y social tras la crisis desatada por la pandemia del coronavirus, será esencial mantener y profundizar las políticas macroeconómicas activas, indicó la CEPAL en su informe Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2020. Principales condicionantes de las políticas fiscal y monetaria en la era pospandemia de COVID-19, dado a conocer por su secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena.
El informe, uno de los principales reportes anuales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, presenta en esta nueva edición un análisis de los efectos económicos provocados por la pandemia en cada país de la región, y entrega recomendaciones de políticas para enfrentarlos, sobre todo en materia fiscal y monetaria, junto con resaltar la importancia de la cooperación internacional.
“La pandemia del COVID-19 está teniendo impactos negativos históricos en lo económico, productivo y social, con secuelas y efectos a mediano plazo sobre el crecimiento, aumentos en la desigualdad, pobreza y desempleo. Por ello, el proceso de recuperación de la actividad económica (PIB) a sus niveles precrisis será más lento que lo observado en la crisis subprime (de 2007-2008)”, indicó Bárcena al dar a conocer el documento.
Desigualdad y pobreza
Según el informe, América Latina y el Caribe está viviendo su peor crisis económica en un siglo, con una contracción estimada de su producto interno bruto (PIB) regional de -9,1%. Debido a esto, a fines del 2020 el nivel de PIB per cápita sería igual al de 2010, es decir, habría un retroceso de 10 años con un fuerte aumento en la desigualdad y la pobreza.
Se prevé además el cierre de 2,7 millones de empresas formales en 2020, mientras que el desempleo alcanzaría a 44 millones de personas (con un incremento de 18 millones de personas respecto al nivel de 2019, el mayor aumento desde la crisis financiera global).
Además, la pobreza llegaría a los mismos niveles observados en 2005, es decir, marcaría un retroceso de 15 años, alcanzando a 231 millones de personas, mientras que la pobreza extrema llegaría a los niveles de 1990, lo que implica un retroceso de 30 años, alcanzando a 96 millones de personas.
“En este escenario, serán necesarias políticas macroeconómicas activas para retomar el crecimiento y promover una agenda de transformación estructural. Hay que fortalecer los ingresos públicos, mantener las políticas monetarias expansivas convencionales y no convencionales, y fortalecer la macro regulación prudencial junto a la regulación de los flujos de capitales para preservar la estabilidad macrofinanciera en el corto y mediano plazo. Aquí la cooperación internacional es fundamental para ampliar el espacio de las políticas macroeconómicas”, explicó la máxima autoridad de la CEPAL.
Política fiscal
En materia de política fiscal, el Estudio Económico 2020 indica que los países han realizado diversos esfuerzos fiscales para mitigar los efectos de la pandemia, que en promedio suman el 4,1% del PIB, acompañados de garantías estatales de crédito de hasta 10% del PIB. Estos esfuerzos fiscales, además de las caídas en los ingresos públicos, han contribuido a un mayor déficit fiscal y aumentos de la deuda pública.
En este sentido, el documento indica que el desafío es mantener una política fiscal activa en un contexto de mayor endeudamiento. Para ello se requiere una política fiscal activa en un marco de sostenibilidad fiscal centrado en los ingresos. Es necesario que América Latina y el Caribe aumente su recaudación tributaria, que actualmente es de 23,1% del PIB en promedio para los gobiernos generales de la región, comparado con el 34,3% de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Para esto se debe combatir la evasión y elusión tributaria, que llega al 6,1% del PIB regional, consolidar el impuesto a la renta a personas físicas y corporaciones, extender el alcance de los impuestos sobre el patrimonio y la propiedad, establecer impuestos a la economía digital y correctivos, como los ambientales y relacionados a la salud pública.
“La política fiscal activa debe vincular el corto (de emergencia) con el mediano y largo plazo, para cambiar el modelo de desarrollo hacia la transformación productiva con sostenibilidad e igualdad”, señaló Bárcena.
“Los países deben orientar el gasto público hacia la reactivación y transformación económica fortaleciendo la inversión pública hacia sectores que fomenten el empleo, la paridad de género, la inclusión social, la transformación productiva y una transición igualitaria hacia la sostenibilidad ambiental”, agregó.
Cooperación internacional
Para expandir el espacio de políticas la CEPAL considera distribuir mejor la liquidez global a través de la cooperación internacional. En este campo se debe capitalizar las instituciones de crédito multilaterales para ampliar su capacidad de financiamiento y liquidez tanto en la coyuntura como con una mirada más larga. También institucionalizar la cooperación entre los bancos centrales para sostener tanto las políticas monetarias expansivas como aquellas dedicadas a la preservación de la estabilidad macrofinanciera, junto con ampliar la red de seguridad financiera mundial y regional para contrarrestar los efectos negativos de la volatilidad de los flujos financieros en momentos de crisis sistémicas.
En este ámbito, la iniciativa Fondo para Aliviar la Economía COVID-19 (Fund to Alleviate COVID-19 Economics – FACE), presentada por el Gobierno de Costa Rica recientemente, es un ejemplo de mecanismo de cooperación internacional para mejorar la distribución de la liquidez global hacia los países en desarrollo.
El informe también resalta que el alivio y restructuración de la deuda para países con vulnerabilidades y alta carga de pagos de intereses es necesario para expandir espacio de políticas. Actualmente, los países de renta media concentran el 96% del total de la deuda de los países en desarrollo (excluyendo a China e India), por lo que es urgente que la comunidad financiera internacional amplíe las condiciones de liquidez para hacer frente a las necesidades de financiamiento a nivel mundial.
“Aliviar el pago de intereses de la deuda aumentaría la disponibilidad de recursos para el desarrollo”, declaró Alicia Bárcena. “En este ámbito, existe una imperiosa necesidad del alivio de la deuda del Caribe. La CEPAL ha abogado por el apoyo financiero para que las economías vulnerables del Caribe puedan generar resiliencia a través de una iniciativa para reducir su deuda y la creación de un Fondo Caribeño de Resiliencia”, destacó.
Bolivia: riesgo de catástrofe económica
En Bolivia, como en toda Latinoamérica, la pandemia del COVID-19 está teniendo impactos negativos históricos en lo económico, productivo y social. Ahora, espera las elecciones presidenciales, del próximo 18 de octubre, con la esperanza de tener un Gobierno elegido democráticamente en las urnas y así tener certeza de las políticas de reactivación que se llevarán a cabo a futuro.
Los candidatos presidenciales de Bolivia al exponer sus visiones coincidieron en que la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19 puede convertirse en una catástrofe histórica sin precedentes, si no se toman medidas adecuadas de reactivación.
«Necesitamos una gran inyección de liquidez», dijo el expresidente Carlos Mesa, «la crisis económica es el principal desafío», apuntó el exgobernante Jorge Quiroga, mientras Luis Arce planteó «reactivar la demanda interna destrozada e incentivar la producción y la industrialización».
El exlíder cívico Luis Fernando Camacho advirtió a su vez que Bolivia «enfrenta un gran déficit económico que amenaza con una catástrofe, y eso se resuelve produciendo más y recortando gastos».
Los candidatos expusieron sus visiones sobre la economía en encuentros de debate.
Arce aseguró tener un plan integral para reactivar la economía, que este año sufrirá a causa de la pandemia su primera caída después de dos décadas de crecimiento.
Arce que representa al Movimiento Al Socialismo, el partido echado del poder en noviembre de 2019, sostuvo que «el mandato es recuperar la patria, retornar al camino del desarrollo sostenible, del crecimiento de la economía, de la certidumbre, de forjar un futuro para nuestros hijos», resumió el candidato, quien fue Ministro de Economía durante gran parte de los tres gobiernos sucesivos de Evo Morales (2006-2019).
Dijo que el MAS propone que la inyección de dinero que necesita Bolivia debería ir tanto a reactivar la demanda interna, mediante bonos directos a los ciudadanos, como a incentivar el aparato productivo con proyectos de soberanía alimentaria e industrialización.
Esos recursos deberían provenir en parte de una suspensión de pagos de deuda externa, que darían un ahorro anual de más de 1.000 millones de dólares, y de un nuevo impuesto a las grandes fortunas, que aliviaría las cuentas del Estado pero afectaría a una mínima parte de la población, señaló.
Mesa planeó en cambio una inyección inmediata de 6.000 millones de dólares a la economía con créditos externos, en tanto que Quiroga elevó el requerimiento a 8.000 millones, también con mayor endeudamiento externo.
Los tres candidatos –Mesa, Quiroga y Camacho- prometieron cerrar definitivamente el ciclo de economía regida por el Estado, en referencia a los 14 años de Morales, sobre los cuales lanzaron acusaciones de saqueo, despilfarro, corrupción y pérdida de una oportunidad de «bonanza» por los buenos precios de las materia primas que exporta Bolivia.
Arce señaló en cambio que en los pasados gobiernos masistas no todo fue fácil, citando las crisis económicas mundiales de 2008 y 2014, que Bolivia “enfrentó exitosamente”. (ACUERDOS/rjra)
