LA PAZ. En lo que va de la gestión de Gobierno, el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social logró resolver conflictos laborales en beneficio de trabajadores, todos ellos provenientes del régimen de Jeanine Áñez, informó este viernes la ministra de Trabajo, Verónica Navia.
“Al mismo tiempo que han bajado las denuncias de los trabajadores, estamos teniendo mucho éxito en las soluciones de problemas pendientes de la gestión anterior. Esta semana se procedió al pago de salarios retrasados, por más de 10 meses, a más de 30 empleados de la empresa textil Altifibers”, anunció Navia.
Esta empresa, situada en El Alto de La Paz, dejó pendiente el pago de salarios a sus trabajadores bajo el argumento de que experimentó una serie de perjuicios económicos por el coronavirus.
Al respecto, Navia explicó que Altifibers finalmente respondió a la conminatoria que hiciera el Ministerio de Trabajo para que los salarios sean pagados y se viabilizó la cancelación entre los días martes y miércoles de esta semana.
La autoridad explicó que otro asunto a punto de solucionarse, es el de la mina Andacaba de Potosí. Durante el régimen de Áñez se desvinculó a 270 trabajadores de este complejo minero de plata y estaño. Después de la intervención del Ministerio de Trabajo, se podrá definir la reincorporación de los obreros a sus fuentes laborales.
“Otro tema que está también rumbo a la solución es el de la mina de Andacaba, es decir, se firmó un acuerdo entre la parte empresarial y los trabajadores para que estos recuperen sus fuentes de trabajo y puedan gozar de estabilidad laboral”, dijo la Ministra.
Respecto a Laboratorios Vita S.A., la autoridad informó que los trabajadores suspendieron las medidas de presión debido a que, mediante la intervención del despacho de Trabajo, la empresa y los obreros lograron un acuerdo de resolución del conflicto que se había generado durante el anterior gobierno.
Entre los puntos del acuerdo, la empresa Vita se comprometió a cumplir una conminatoria de reincorporación de dirigentes sindicales y trabajadores que fueron desvinculados de sus fuentes laborales, además del pago de una prima de utilidades conforme a ley.
Durante el régimen de Añez se permitió el cierre de diferentes empresas bajo el argumento de que se vieron perjudicadas por la pandemia del coronavirus, dejando sin empleo a los trabajadores o con grandes retrasos en el pago de sus salarios.
