LA PAZ. Los presupuestos de los gobiernos autónomos municipales en seguridad ciudadana tuvieron una significativa caída. En 2018 recibieron Bs 306 millones, mientras que en 2020 el monto bajó a Bs 229 millones.
En los municipios de siete de los nueve departamentos sus presupuestos se vieron afectados, excepto en Oruro y Potosí. La reducción representó 77.339.752 bolivianos. Aunque disponer de recursos no fue garantía de ejecución de los presupuestos, según datos oficiales analizados por Fundación Jubileo.
Los gobiernos municipales y departamentales tienen recursos asignados de acuerdo con la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y el Reglamento de la ley Integral para garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.
Sin embargo, un análisis de la Defensoría del Pueblo, realizado entre 2015-2018, demostró que, si bien la asignación de recursos económicos se redujo, para la prevención y atención a mujeres víctimas de violencia, el elemento preocupante es que en ninguna de las gestiones se ejecutó la totalidad del presupuesto.
Según el estudio, en nueve departamentos y 54 municipios los presupuestos disminuyeron de Bs 59,3 millones a 35,6 millones, aunque la Defensoría advierte que el punto crítico es que en ninguna de las gestiones se alcanzó una ejecución mayor a 61% del presupuesto asignado.
La seguridad ciudadana se constituye en un derecho y bien común para el desarrollo del libre ejercicio de los derechos y las garantías individuales y colectivas de todos los habitantes, para lograr una convivencia pacífica en el ámbito público y privado, dice la Ley Nº 264.
El objetivo de hacer frente a la inseguridad ciudadana es erradicar la violencia generada por múltiples factores, políticos, económicos y sociales; además de evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y los bienes, incidiendo en las causas preventivas.
Aunque los datos de la gestión 2019 develan un escenario no muy alentador respecto a la seguridad de las personas. Solo para dimensionar, la Policía atendió en los nueve departamentos 45.655 delitos y 424 delitos contra la vida.
Ese mismo año se registraron 4.537 disturbios civiles, la ciudadanía estuvo expuesta a manifestaciones, marchas y bloqueos, entre otros. La información de accidentes de tránsito no es un dato menor, se produjeron 20.533 hechos, 1.239 personas murieron y 15.029 resultaron heridas.
Entre 2015- 2019, se denunciaron 2.306 casos de trata y tráfico. Los casos de feminicidios siguen siendo alarmantes, el 2019 se cometieron 117 feminicidios y el 2020 se registraron 113, en plena pandemia por el coronavirus.
Esta realidad lacera a la sociedad y exige políticas con una perspectiva integral, preventiva y de largo plazo -no solo coyunturales- coordinadas entre todos los niveles de gobierno, es decir, el Gobierno central, los gobiernos departamentales y los gobiernos autónomos municipales.
El enfoque de judicializar los hechos delictivos y la tendencia de penalizar y sancionar con cárcel a las personas no ha incidido en disminuir la violencia. La seguridad ciudadana debe suponer un aporte a la inclusión social y a la igualdad de oportunidades. (ACUERDOS)
