LA PAZ. Una investigación realizada esta gestión, por la Dirección Transparencia Corporativa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), revela acciones irregulares en la estatal petrolera y sus subsidiarias con manejos poco transparentes de $us 1.210.000 (1,2 MM) durante la administración de Herland Soliz, presidente de YPFB, y Víctor Hugo Zamora, ministro de Hidrocarburos, del gobierno inconstitucional de Jeanine Áñez.
La Resolución Ministerial 031-2020, del 23 de marzo de 2020, fue el instrumento con el cual estas autoridades y otros funcionarios, también sindicados, realizaron el movimiento de recursos para el Plan Social de Prevención y Control de Contagios de Coronavirus COVID-19 (UMEC-YPFB). “Recomendar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y sus empresas filiales y subsidiarias que, de manera extraordinaria e inmediata, destine recursos económicos necesarios para la compra de insumos médicos y material de prevención para la lucha contra el COVID-19, así como para las Unidades Médicas de Emergencia Contra el Coronavirus”, se lee en ese documento.
“Esta autoridad (Zamora) no tenía competencias para emitir esta resolución por lo que es ilegal”, precisó la directora de Transparencia de YPFB, Erika Chávez, durante una conferencia de prensa que se desarrolló en La Paz y en la que estuvo presente el presidente de YPFB, Wilson Zelaya.
Además, esta Resolución Ministerial conmina a “disponer que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y sus empresas filiales y subsidiarias quedan encargadas de la realización, ejecución y cumplimiento de la presente Resolución Ministerial”. Es decir que: Transporte, Andina, Chaco, GTB, Transierra, Refinación, Air BP Bolivia y Logística desembolsaron los $us 1.850.000 en diferentes porcentajes, de los cuales $us 1.210.000 fueron ejecutados.
Ni cotizaciones ni licitaciones
Algunas de las irregularidades encontradas son: que para ejecutar adquisiciones y compras para el UMEC-YPFB no se hizo cotizaciones ni licitaciones que permitan conocer si los precios pagados fueron competentes con los del mercado como establece cualquier tipo de contratación estatal. Además, en ninguno de los casos los bienes adquiridos por las subsidiarias y filiales entregados a YPFB ingresaron por almacenes, lo que evidencia el incumplimiento de procedimientos.
Zelaya precisó que “se ha instruido a todas las empresas filiales y subsidiarias que realicen una auditoría interna para tener mayores detalles y responsabilidades. Además, se realizarán las acciones legales contra las empresas que han incumplido normativas”.
Mientras Chávez complementó que “además se evidenció direccionamiento en la contratación de las empresas, les decían a quién contratar o de quién adquirir el servicio y no hay descargos con relación al destino de los insumos médicos; es decir, que si bien se habría comprado insumos no se conoce si fueron entregados a la población, dónde se encuentran o si se los llevaron”.
Ante esta situación, YPFB iniciará acciones penales por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica ante las instancias pertinentes, se informó. (ACUERDOS/rjra)
