LA PAZ. El viceministro de Trabajo, Víctor Quispe, ratificó es que los justificativos de “fuerza mayor” y “caso fortuito” no son causales de despido de las y los trabajadores, como hicieron algunos empleadores durante la pandemia y en el período del golpismo.
“La COB nos ha presentado un pliego de peticiones, los compañeros de la Confederación de Fabriles, la Federación de Fabriles de La Paz nos han entregado una serie de requisitos. El Ministerio de Trabajo, para garantizar los derechos labores, ha atendido esos requerimientos en las mesas de discusión junto con la COB, de esa manera se ha consensuado un proyecto, se ha buscado que los casos de ´fuerza mayor´ o ´fortuitos´ no constituyan causales de despido en el país”, remarcó.
La Resolución 431/21 emitida por el Ministerio de Trabajo en su artículo Tercero señala que “conforme establece la Constitución Política del Estado, la Ley General del Trabajo y normas conexas, las trabajadoras y los trabajadores no podrán ser despedidos de su fuente de trabajo, salvo que exista causa legal previa y debidamente justificada conforme a las causales de despido establecidas por el artículo 16 de la Ley General del Trabajo y el artículo 9 de su Decreto Reglamentario”.
Inmediatamente, el artículo Cuarto de dicha resolución establece: “Concordante con lo señalado en el artículo precedente, la fuerza mayor y/o el caso fortuito, no constituyen causales de retiro”.
En este contexto, el Viceministro explicó que las causales de despido justificadas, estipuladas en la Ley, son por ejemplo el robo, el hurto, inmoralidad, el incumplimiento del contrato, la revelación de secretos industriales que además deben ser probadas.
Según Quispe, donde más hubo despidos fue en las fábricas a nivel nacional, las que empezaron a cerrar con el pretexto de que la pandemia no estaba dejando exportar los productos y causó extrañeza que en el gobierno anterior se dé tanta facilidad a empresarios para despedir a trabajadores.
“Varias empresas de las cuales tenemos datos, arguyeron motivos ´fortuitos´ y de ´fuerza mayor´ para retirar a trabajadores, argumentos que no están dentro de la normativa vigente”, enfatizó.
Agregó que junto con la COB se ha podido detectar que los empleadores, durante la pandemia y el período del golpe, evitaban decir que estaban al borde de la quiebra o cierre, y es que si las empresas aducen quiebra tienen que someterse a la Ley 1055 que establece que los trabajadores tienen la posibilidad de hacerse cargo de las mismas.
“Hoy tenemos a muchos trabajadores haciendo vigilia esperando que se les pague sus beneficios sociales, sus salarios adeudados, que se les cancele el tema de la maternidad. En la gestión pasada se ha dado mucha benevolencia a los empresarios que ha buscado despedir a sus trabajadores sean estos dirigentes sindicales, madres, padres progenitores o de personas con capacidades diferentes, no se ha respetado nada”, subrayó.
Explicó que existen sentencias constitucionales que algunos empleadores se niegan a cumplir, al contrario están buscando trabajador por trabajador para convencerles de que cobren sus beneficios, pero no los que les corresponden, sino aquellos que a los empresarios les conviene.
“Ningún derecho de los trabajadores es negociable, los derechos son irrenunciables, entonces creemos que la justicia constitucional debe cumplirse de manera inmediata, la Fiscalía General, los tribunales departamentales de justicia están en la obligación de hacer cumplir las sentencias constitucionales”, puntualizó. (ACUERDOS/rjra)
