LA PAZ, El presidente Luis Arce Catacora afirmó que la retardación de justicia, la corrupción y la enorme carga procesal son los principales males que persiguen al Órgano Judicial, por lo que el cambio de justicia apremia a la población boliviana.
“Las estadísticas confirman la existencia de problemas que se repiten cada año sin encontrar una posibilidad de solución, este modelo de gestión judicial obsoleto es discriminador, insensible y excluyente, privilegia a unos pocos y perjudica a la mayoría del pueblo boliviano. La ley de valor de cambio que caracteriza al sistema capitalista se ha profundizado durante dos décadas de modelo neoliberal que vivimos y como la construcción de un Estado no se hace al mismo tiempo en todos los niveles y grados, hay que reconocer que el cambio de la justicia nos apremia a todos y a todas”, aseveró durante la inauguración del año judicial.
El mandatario ejemplificó, en su discurso, que apenas el 46% de los casos que llega a la justicia fueron resueltos en los dos últimos años, el 62% de los juzgados se encuentra concentrado en capitales de departamento y El Alto, el 38% de los juzgados se encuentra en las provincias, 175 de los 327 municipios del país no cuentan con juzgados, cuyo resultado es que más de un millón de personas no tienen acceso a la justicia.
Las acefalías son un problema permanente pues hay insuficiente cantidad de jueces porque, en los juzgados ordinarios, un 49% son de carrera, 48% son transitorios y 3% están en acefalía; en el Tribunal Agroambiental el 14% son jueces de carrera, el 62% son jueces transitorios y el 24% están acéfalos. El Órgano Judicial prioriza la parte administrativa.
Criticó algunas normas porque están obsoletas y perjudican al pueblo, como el caso de la Ley del Órgano Judicial, porque otorga vacación obligatoria de 25 días pese a la enorme cantidad de procesos que existen.
Instó a las autoridades revisar estas normas. Más de 11 mil personas que están en la cárcel, que representa el 65% de los casos, padecen de retardación de justicia; los responsables de feminicidios e infanticidios no reciben una sanción adecuada ni inmediata y en muchos casos los operadores de justicia los liberan.
“La inauguración del año judicial constitucional 2022 es un momento trascendental que debe servirnos para evaluar objetivamente el estado de situación de la administración de justicia de nuestro país, esa reflexión impone, además, la urgente tarea de transformar un sistema judicial que todavía es una asignatura pendiente en el proceso de construcción de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia”, puntualizó Arce. (ACUERDOS/rjra)
