LA PAZ, El presidente Luis Arce Catacora, afirmó que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) determina que el régimen de facto presidido por Jeanine Áñez cometió graves violaciones a los derechos humanos, masacres y ejecuciones extrajudiciales durante el golpe de Estado en 2019.
“A lo largo de sus más de 750 páginas que contemplan testimonios y narración de las torturas, vejámenes y crímenes de lesa humanidad, el informe relata de manera desgarradora las vivencias y momentos de sufrimiento de muchas bolivianas y bolivianos, y sobre la base de evidencias contundentes y científicas, podemos identificar en su texto con absoluta claridad las graves violaciones de derechos humanos, masacres y ejecuciones extrajudiciales que sucedieron en el país durante el golpe de Estado.
Un golpe de Estado coordinado y gestado varios meses antes de noviembre de 2019 con llamados expresos a la desobediencia civil y al desconocimiento de los resultados de las elecciones generales, por parte de algunos dirigentes políticos y cívicos, apuntalados también por la corporación mediática empresarial”, señaló el primer mandatario durante un acto realizado en el auditorio del Banco Central de Bolivia (BCB).
Indicó que el organismo precisa que, en noviembre de 2019, Áñez se proclamó presidenta de la Cámara de Senadores sin el quórum previsto y luego presidenta interina del Estado Plurinacional de Bolivia, también sin el quórum correspondiente. Poco después ingresó a Palacio Quemado y un militar le puso la banda presidencia y le entregó el bastón de mando.
¿Qué pasó después de esta autoproclamación contraria a la Constitución Política del Estado, leyes y reglamentos legislativos?, pregunta el jefe de Estado boliviano. Como respuesta, cita el informe del GIEI: “Fue la restitución de la república colonial, racista y discriminadora. Y cito textualmente el informe: Los primeros mensajes de celebración de este acontecimiento tuvieron un alto contenido religioso y antiindigenista, acompañado de diversos actos de desprecio y repudio hacia la identidad indígena, representada en esos momentos por la Wiphala, lo que indignó a las personas que se autoidentifican como población indígena, originaria, campesina y comunitaria. Además, altos dirigentes de la administración de Añez se pronunciaron prometiendo el ‘escarmiento’ y anunciando una ‘cacería’ de masistas, a quienes sin prueba alguna se sindicaba de sediciosos, terroristas y/o cómplices de terrorismo”.
Recordó que una de las primeras acciones implementadas por el gobierno de Áñez fue la promulgación del Decreto Supremo 4078, que dio vía libre a las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo con total impunidad: “Desde su publicación, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación por el contenido del decreto. Al respecto, la CIDH manifestó: El decreto pretende eximir de responsabilidad penal al personal de FFAA que participe en los operativos para restablecimiento y estabilidad del orden interno, desconociendo los estándares internacionales de derechos humanos y estimulando la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos”.
Arce manifestó que, a consecuencia de las graves violaciones a los derechos humanos, 38 bolivianos fueron masacrados por disparos de armas de fuego y más de un centenar sufrieron lesiones de consideración.
El jefe de Estado citó los nombre de quienes fallecieron en las masacres de Sacaba y Senkata y pidió un minuto de silencio: Limbert Guzmán Vásquez (20), Beltrán Paulino Condori Aruni (23), Percy Romer Conde Noguera (31), Mario Salvatierra Herrera (54), Marcelo Ricardo Terrazas Selene (48), Silverio Condori (57), Filemón Soria Díaz (45) Miguel Ledezma Gonzales (24) Juan Martin Pérez Taco (18), Heyber Yamil Antelo Alarcón (45), Juan José Mamani Larico (35), Marcelino Jarata Estrada (53), Roberth Ariel Callisaya Soto (20), Filemón Salinas Rivera (15), Omar Calle Siles (26), Cesar Sipe Mérida (18), Juan López Apaza (34), Emilio Colque León (21), Lucas Sánchez (43), Plácido Rojas Delgadillo (18), Armando Carballo Escobar (25), Marcos Vargas Martínez (25), Roberto Sejas (28), Juan José Alcón Parra (43), Devi Posto Cusi (34), Pedro Quisbert Mamani (37), Edwin Jamachi Paniagua (31), Joel Colque Patty (22) Juan José Tenorio Mamani (22), Antonio Ronald Quispe Ticona (24), Clemente Eloy Mamani Santander (24), Rudy Cristian Vásquez Condori (23), Milton David Zenteno Gironda (24), Calixto Huanaco Aguilario (25), Julio Llanos (81), Julio Pinto Mamani (51), Sebastián Moro (40) y Roger González (no registra edad).
El mandatario hizo énfasis en que el informe del GIEI refiere que en la masacre de Sacaba hubo ejecuciones sumarias: “Como resultado, hubo una masacre con 10 civiles muertos y cerca de un centenar de personas heridas. Las pruebas indican, además una mayor probabilidad de que las fuerzas policiales y militares del Estado actuaron con la intencionalidad de matar a las personas en la protesta, aunque estuviesen en fuga. Las lesiones que causaron las muertes permiten inferir que se debieron a proyectil de alta velocidad-fusil. En los términos de la jurisprudencia de la Corte de la IDH, se podría, en ese caso, calificar las muertes como ejecuciones sumarias. Nunca en todos estos años de democracia hemos vivido semejante atrocidad, un inhumano desprecio por la vida”.
Especificó que la investigación demostró que no se encontró ninguna evidencia que respalde la teoría de que los manifestantes de Senkata pretendían hacer volar la planta de gas en El Alto, hipótesis que sirvió para justificar la masacre y estigmatizar a los alteños.
Arce Catacora culminó su discurso parafraseando al extinto líder del Partido Socialista 1 (PS 1), Marcelo Quiroga Santa Cruz: “No es el odio el que impulsa nuestros actos, sino una pasión por la justicia de que hemos dado cuenta a lo largo de nuestra vida”. (ACUERDOS/rjra)
