WASHINGTON, Human Rights Watch (HRW) en un informe señaló que “El gobierno interino de Bolivia abusa del sistema de justicia para perseguir a colaboradores y partidarios del expresidente Evo Morales, quien enfrenta cargos por terrorismo que, a la luz de las pruebas, parecen responder a motivaciones políticas”.
El informe de 53 páginas, “La justicia como arma: Persecución política en Bolivia”, documenta casos promovidos por el gobierno interino con cargos infundados o desproporcionados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva. Human Rights Watch también presenta casos de abuso del sistema de justicia contra opositores a Morales durante su gobierno.
“Los fiscales pueden y deben investigar, si tienen información creíble, un delito cometido por quien sea, incluyendo altos exfuncionarios públicos”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
“Sin embargo, es crucial que la fiscalía y los jueces actúen de manera independiente, respeten los derechos fundamentales y no sean una herramienta para perseguir a opositores políticos del gobierno de turno”, añadió Vivanco.
Morales se vio obligado a renunciar y abandonó Bolivia en noviembre de 2019, mientras que en todo el país se realizaban protestas motivadas por denuncias de fraude electoral –que ahora han sido cuestionadas–, y luego de que los comandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía le pidieran que dejara el cargo.
La exsenadora Jeanine Áñez, actual presidenta interina, tuvo la oportunidad de romper con el pasado y asegurar la independencia judicial. Sin embargo, su gobierno ha presionado de forma pública a fiscales y jueces para que actúen de manera favorable a sus objetivos, dando lugar a investigaciones penales contra más de 100 personas vinculadas al gobierno de Morales o simpatizantes por supuestos delitos de sedición o terrorismo. Decenas más están siendo investigadas penalmente por presunta pertenencia a una organización criminal, incumplimiento de deberes y otros delitos. A la luz de la evidencia, muchos de los casos parecen perseguir fines políticos, señala un boletín de HRW.
Human Rights Watch examinó miles de páginas de documentos judiciales e informes policiales en 21 de esos casos, y en febrero de 2020 tuvo acceso a todo el expediente de la investigación por terrorismo contra Morales, conformado por más de 1.500 hojas. Human Rights Watch también entrevistó a 90 personas, entre ellas el ministro de gobierno, Arturo Murillo; la defensora del pueblo, Nadia Cruz; fiscales, abogados defensores, personas que participaron en bloqueos de carreteras y manifestaciones (a favor y en contra de Morales), testigos de hechos de violencia y familiares de manifestantes asesinados.
En algunos casos, los fiscales presentaron cargos por terrorismo contra personas por el simple hecho de haber tenido contacto telefónico con Morales, concluyó Human Rights Watch. A otras personas se les imputaron delitos por haber ejercido su libertad de expresión al publicar críticas contra el gobierno en internet.
En el informe se describen, entre otros, los siguientes casos:
La fiscalía imputó a Patricia Hermosa, apoderada y ex jefa de gabinete de Evo Morales, los delitos de terrorismo, financiamiento del terrorismo y sedición, exclusivamente en base al contacto telefónico que mantuvo con Morales después de que este renunciara. La detuvieron el 31 de enero de 2020 y estuvo en detención preventiva hasta el 5 de agosto sin acceso a atención médica, pese a estar embarazada. En marzo, tuvo un aborto espontáneo.
La fiscalía imputó a Mauricio Jara, un simpatizante de Morales, los delitos de sedición, instigación pública a delinquir y atentado contra la salud pública, al parecer por haber ejercido su libertad de expresión. Como prueba de su participación en actividades delictivas, la policía manifestó que Jara supuestamente había calificado al gobierno de “tirano” y “dictatorial”, se había referido a la muerte de al menos 10 manifestantes en Senkata en noviembre de 2019 como una “masacre”, había “desinformado” y había exhortado a que se llevaran a cabo protestas. Jara se encuentra actualmente en detención preventiva.
El juez Hugo Huacani, en cumplimiento de leyes bolivianas que formalmente desalientan a que se dicte detención preventiva, otorgó la detención domiciliaria a otra persona cuyo caso está descrito en el informe: Edith Chávez, quien trabajaba como empleada doméstica para un exministro del gobierno de Morales. Algunas horas después, dos abogados del gobierno denunciaron al juez ante la policía por su presunta “falta de independencia”. La policía aprehendió al juez, quien estuvo detenido hasta el día siguiente, cuando otro magistrado resolvió que su arresto había sido ilegal. El Ministerio de Gobierno presentó una denuncia penal contra el juez Huacani por supuesto incumplimiento de deberes y por tomar decisiones contrarias a la ley.
La fiscalía ha imputado a Morales, quien se encuentra exiliado en Argentina, los delitos de terrorismo y financiamiento del terrorismo, penados con hasta 20 años de cárcel cada uno. Morales también está siendo investigado en otras causas, pero la fiscalía no ha presentado cargos contra él en esos procesos por ahora.
Los cargos de terrorismo contra Morales se basan en una llamada telefónica realizada en noviembre de 2019, días después de que Morales dejara el cargo, en la cual una persona que presuntamente sería Morales instó a un colaborador a movilizar a manifestantes para que bloquearan carreteras de acceso a algunas ciudades e impidieran el ingreso de alimentos. En la llamada, la persona dice: “combate, combate, combate” e insta a “dar dura batalla a la dictadura”, en referencia al gobierno interino de la presidenta Áñez.
Los manifestantes en Bolivia frecuentemente utilizan los términos “combate” y “batalla” en alusión a sus protestas. El bloqueo de carreteras también es una forma de protesta común en Bolivia y otros países de la región. Durante las movilizaciones de octubre y noviembre, tanto simpatizantes de Morales como opositores bloquearon carreteras a modo de protesta. Luego de la renuncia de Morales el 10 de noviembre, sus partidarios intensificaron las protestas y bloquearon carreteras principales. Esto provocó escasez de combustible y comida que incrementaron los precios de estos productos en algunas zonas.
Aunque la mayoría de las protestas se desarrollaron en forma pacífica, algunos manifestantes a favor y en contra de Morales presuntamente secuestraron a personas asociadas con el bando contrario, quemaron viviendas y otros edificios, y cometieron otros actos de violencia, incluyendo el asesinato de dos manifestantes contrarios a Morales en la localidad de Montero por presuntos simpatizantes de Morales.
En la grabación de la conversación, que supuestamente tuvo lugar el 14 de noviembre, después de estos incidentes violentos, las personas que hablan no se refieren al uso de la violencia ni a la participación en alguno de los actos violentos que se habían producido.
Los fiscales sostienen que Morales ordenó que se cometieran actos de violencia. Sin embargo, las pruebas incluidas en el expediente a las cuales tuvo acceso Human Rights Watch – que consisten, principalmente, en esa única llamada telefónica – no dan el menor sustento a esa acusación.
“Las declaraciones atribuidas a Morales son, sin duda, preocupantes, y es razonable que los fiscales investiguen si constituyen un delito conforme al derecho boliviano”, destacó Vivanco. “Sin embargo, aplicar la definición de terrorismo de la legislación boliviana, que es excesivamente amplia, para conseguir una condena a 20 años de cárcel contra Evo Morales no guarda ninguna proporción con la conducta reflejada en la llamada telefónica y más bien parece un ataque político contra Morales y sus partidarios”. (ACUERDOS/rjra)
