LA PAZ. La Defensoría del Pueblo, ante las recientes aprehensiones de la señora Jeanine Áñez y de Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, realiza seguimiento y acompañamiento a las acciones que lleva adelante la Policía Boliviana y el Ministerio Público para verificar que este proceso se enmarque en el respeto al derecho del debido proceso y de la defensa de las personas aprehendidas.
Personal de la institución ha verificado que, tras el traslado a la ciudad de La Paz de los tres aprehendidos, éstos fueron remitidos al Instituto de Investigación Forense (IDIF), donde se ha certificado que no sufrieron actos de tortura ni malos tratos, que en el caso de la señora Añez, se le realiza un control constante de sus signos vitales por parte de la Unidad de Bomberos; asimismo, se ha evidenciado que cuentan con la defensa técnica legal correspondiente.
Igualmente, en la ciudad de Trinidad, en el departamento del Beni, se hace seguimiento a la situación de Carlos Hugo Áñez Gil de 27 años y Juan Carlos Áñez Gil de 20, quienes se encuentran detenidos por obstaculizar la labor de la justicia; asimismo, se realizan gestiones para una valoración forense ante denuncias de abuso policial.
La Defensoría del Pueblo considera que cualquier delito grave, incluyendo aquellos relacionados a los señalados en el caso conocido como «golpe de Estado», demanda la más seria e independiente investigación, por ello exhorta al Ministerio Público y al Órgano Judicial a actuar en el marco de la independencia y ajustar sus acciones al marco constitucional así como a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, que permitan acceder a las víctimas a la justicia, siempre en pleno respeto de los derechos humanos que asisten a las personas encausadas.
En ese marco, se recuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe Terrorismo y Derechos Humanos, señala con total claridad que los Estados tienen el deber de investigar, enjuiciar y castigar los actos terroristas, y luego de la comprobación de una efectiva vulneración de derechos humanos, castigar a los responsables; sin embargo, se debe considerar que errores en la investigación de estos actos, el uso discrecional de los tipos penales para obtener un rédito social inmediato y la imputación sin sustento fáctico, pueden no solo entorpecer una investigación, además, hacer que la misma se considere política y con ello generar la impunidad de posibles autores.
Asimismo, recordar al Estado Boliviano que la Defensoría del Pueblo a través de múltiples comunicados, notas oficiales, y en especial en el Informe «Crisis de Estado» le ha demandado a las Autoridades competentes el esclarecimiento de todas las afectaciones de derechos y en especial de las graves violaciones a los derechos humanos, ocurridas entre el 21 de octubre al 23 de noviembre de 2019; la búsqueda de justicia debe tener como único fin el de responder a las víctimas y no permitir la imposición de la impunidad.
La Defensoría del Pueblo estará en constante seguimiento de los procesos seguidos contra estas ex autoridades, como lo hizo en su oportunidad a favor de otras personas que ostentaron cargos de alta jerarquía en nuestro Estado Plurinacional; asimismo, seguirá reclamando enérgicamente por el inicio y la prosecución de los proceso de investigación que permitan conocer la verdad respecto a las masacres perpetradas en Bolivia en 2019.
