LA PAZ. La Defensoría del Pueblo identificó deficiencias y limitaciones en las capacitaciones que realizó el Tribunal Supremo Electoral (TSE), por medio de los Tribunales Electorales Departamentales, a las y los jurados electorales en 17 gobiernos municipales de todo el país, en los cuales realizó verificativos defensoriales como parte de su “Plan de intervención a las elecciones de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales 2021”, que tiene el objetivo de monitorear el cumplimiento de los derechos humanos en los comicios subnacionales.
Entre los problemas encontrados en estas instrucciones, se tiene que el 19% de los capacitadores no cumplía con las medidas de bioseguridad necesarias en esta etapa de pandemia, como el uso de barbijos, alcohol en gel o el distanciamiento social, y que el 23% de las y los jurados tampoco hacía caso a esos requisitos sanitarios.
Además, se detectó que en la capacitación no se utilizaba el idioma materno, quechua o aymara, pese a que era solicitado por los asistentes. También se identificó la ausencia de juradas y jurados electorales debido a que las capacitaciones se programaban en días feriados o porque no eran notificadas. Finalmente, se evidenció la falta de material de apoyo y la programación de un tiempo limitado para completar esta enseñanza.
El personal defensorial consultó a los jurados electorales sobre los conocimientos adquiridos y encontró que el 12% desconocía sus derechos, y que el 11% no sabía sus deberes ni responsabilidades. Sin embargo, sólo el 2% dijo que no sabía sobre los alcances del voto asistido y preferente, que es una de sus obligaciones durante la emisión del sufragio.
La Defensoría del Pueblo hizo esta intervención en 17 gobiernos autónomos municipales del país (Potosí, Sucre, El Alto, Trinidad, Yacuiba, Desaguadero, Caranavi, Monteagudo, Riberalta, Santa Cruz, La Paz, Oruro, Cobija, Tarija, Cochabamba, Puerto Suárez y Llallagua), en los que visitó 65 recintos electorales y verificó a 389 jurados electorales y a 88 capacitadores.
El plan defensorial de intervención para los comicios del 7 de marzo se encuentra en etapa de implementación con la finalidad de incidir en el ejercicio y vigencia de los derechos humanos, en especial de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
