LA PAZ. La Defensoría del Pueblo recibió durante la semana pasada cuatro denuncias de cobros excesivos y maltrato por parte de clínicas privadas hacia pacientes con COVID-19, lo que calificó como un atentado al derecho a la salud.
“En los últimos días, la Defensoría del Pueblo ha recibido denuncias contra la Clínica Grumedso de Santa Cruz, el Hospital Nuestra Señora de La Paz, el Hospital Metodista de La Paz y el Hospital Agramont de El Alto, por cobros que incluso ascendieron a 127.445 bolivianos, en el caso más extremo, por atención hospitalaria sin que haya incluido terapia intensiva o por cobros que han oscilado en 20.000 bolivianos por cuatro horas de atención en una clínica”, afirmó la defensora Nadia Cruz.
De acuerdo a un boletín de prensa institucional, el caso más oneroso corresponde a la Clínica Grumedso de Santa Cruz, que extendió una factura por Bs 127.445, sólo por atención médica hospitalaria que no incluyó terapia intensiva, por 22 días de internación a una mujer. A este monto se sumó uno similar por brindar auxilio al esposo. Ambos fallecieron a causa del COVID-19.
Los familiares de la pareja revelaron que tuvieron que dejar los títulos de propiedad de un vehículo para retirar los cuerpos, porque no contaban con los recursos suficientes para cubrir la deuda.
“Exigimos al Gobierno nacional, a las entidades subnacionales aplicar la Ley de Emergencia Sanitaria a fin de controlar, fiscalizar y sancionar a aquellas clínicas que, en emergencia sanitaria, en la situación delicada que está pasando la población, realicen cobros excesivos”, acotó Cruz.
La segunda queja sobre cobros elevados involucra al Hospital Nuestra Señora de La Paz que extendió una factura por Bs 78.500, por la atención de un hombre de 58 años que falleció en terapia intensiva. Los familiares denunciaron que no pudieron retirar el cuerpo hasta la intervención de la Defensoría del Pueblo
En el Hospital Metodista ocurrió algo similar. Ese centro emitió una factura por Bs 20.000, por cuatro horas de atención a dos adultos, uno de 61 años y otro de 53, ambos afectados por el COVID-19.
En El Alto, el Hospital Agramont dificultó el traslado de un paciente, adulto mayor, a un hospital público, debido a que ese nosocomio no tenía convenio vigente con el Sistema Único de Salud (SUS). El paciente falleció en ese establecimiento.
Las denuncias o quejas contra la afectación al derecho a la salud por parte de los centros médicos privados se reciben a través de la línea gratuita 800-10-8004, la línea de WhatsApp 72006607 y de forma virtual mediante el sitio web de la institución, en el que existe un espacio habilitado para el efecto. (abi)
