LA PAZ.- Un informe emitido por la Defensoría del Pueblo da cuenta que más del 50% de las oficinas regionales del Instituto De Investigaciones Forenses (IDIF) carece de condiciones físicas, enfrentan falta de salubridad, comodidad y privacidad, además que el 43% de las oficinas de esa repartición judicial no cuenta con un espacio de archivo.
«Los IDIF enfrentan deficiencias y limitaciones en el trabajo que realizan, lo cual pone en duda sus informes presentados como medios de prueba en un proceso penal, al ser elaborado por personal sin especialización y poco calificado en determinadas áreas», puntualizó la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
Las tareas que realiza el IDIF para esclarecer hechos, modos, autores y circunstancias en las que se hubiera cometido un delito, es decir, informes técnicos científicos y esenciales, se constituyen en elementos de prueba para la tramitación de los procesos judiciales.
En ese marco, Cruz destacó la importancia de contar con un IDIF técnico y científico que garantice alcanzar una justicia independiente, imparcial, pronta, oportuna y transparente; por tanto, los resultados de los exámenes deben ser irrefutables.
«La garantía del debido proceso se ve cuestionada porque el principio de inocencia es afectado ante la existencia de una duda razonable en los informes del IDIF, elaborados por profesionales no especializados ni calificados que a la vez pueden considerarse como pruebas poco confiables, desembocando así en una situación de vulneración de derechos, tanto de la víctima como de los encausados, haciendo ineficiente el acceso a la justicia», manifestó la Cruz.
En 2013, la Defensoría del Pueblo emitió recomendaciones acerca de la necesidad de mejorar las debilidades que el actual estudio menciona, condiciones que a la fecha no cambiaron.
Ese informe advirtió sobre la insuficiente cantidad de personal, carencia en la infraestructura en laboratorios y la falta de recursos materiales, condiciones que no fueron atendidas y persisten en la actualidad.
«El Informe Defensorial «Situación de los Institutos de Investigación Forense en Bolivia» que presentamos hoy, muestra que los recursos humanos en estas oficinas son insuficientes, situación que es identificada como una falencia, que ante la ausencia de determinados especialistas los IDIF representan el requerimiento realizado por el fiscal o el juez, porque no cuentan con estos profesionales (…) provocando una situación de indefensión ante la falta de estudios periciales necesarios para un juicio», enfatizó Cruz.
La investigación defensorial precisa que gran parte de esas oficinas no cuentan con una división de Recepción y Custodia de Evidencias (RCE), tampoco se les dota de los instrumentos para la conservación de pruebas, lo que puede ocasionar que la prueba recolectada se deteriore y sea valorada incorrectamente.
Se evidenció además que no existe coordinación entre los establecimientos de salud y las oficinas del IDIF, para la recolección de muestras en casos de violencia sexual, lo que lleva a la revictimización.
«Estos casos, en la mayoría de los IDIF no son considerados como una emergencia médica, no priorizan la atención de pacientes mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual; solo el 44% de los IDIF otorga una atención prioritaria a grupos vulnerables, el resto incumple lo dispuesto por la normativa en salud», puntualizó Cruz.
Por otra parte, las oficinas del IDIF tienen presencia sólo en el 10% de los centros integrales de justicia dependientes de los municipios.
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo emitió recomendaciones a la Fiscalía General del Estado (FGE) para incrementar ítems para médicos forenses y personal de laboratorio en todas las dependencias de los IDIF; además de reforzar las especialidades de medicina forense en el eje troncal del país; y capacitar al personal administrativo en atención básica a víctimas de violencia.
Este mismo informe plantea establecer políticas de priorización para la atención a pacientes víctimas de violencia sexual mujeres, niños, niñas y adolescentes, además de promover la acreditación de laboratorios forenses, en función a normas de calidad nacional e internacional.
Las recomendaciones señalan también la necesidad de implementar centros integrales para la atención de víctimas en el área urbana y rural que incluyan oficinas del IDIF, Ministerio Público, Policía o que sus dependencias sean ubicadas cerca de éstas.
En tanto, al Ministerio de Salud, recomienda generar políticas de coordinación entre establecimientos de salud y el IDIF para la recolección de muestras y evidencias, así como la homologación de certificados médicos en casos de víctimas de violencia. (abi)
