LA PAZ. Luego de 30 auditorías a la gestión de Arturo Murillo como ministro de Gobierno, se desbarató una red de corrupción que administró Bs 156.699.625 en contratos ilegales e irregulares como la compra de ingentes cantidades de talco para pies o favoritismo a empresas. Al menos 52 personas involucradas están involucradas, se informó.
El actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anticipó el inicio de procesos administrativos, civiles y penales para recuperar el dinero en favor del Estado.
“Estamos iniciando 49 procesos administrativos, donde existen 52 personas involucradas contratadas por el señor Arturo Murillo. Con esto hemos desbaratado la red de corrupción que existía al interior del Ministerio de Gobierno. También iniciamos cuatro procesos penales contra ósiete personas por la suma de más de 73.205.214 bolivianos”, subrayó.
22 contrataciones irregulares
Explicó que las auditorías detectaron 22 contrataciones irregulares. “El resultado de estos 22 casos arroja la suma de 69.283.153 bolivianos que eran recursos con los que pudieron haberse construido hospitales, con los cuales se pudo haber comprado respiradores, con los que se pudo haber comprado trajes de bioseguridad a la Policía, sin embargo, estos recursos se mal utilizaron y se gastaron los recursos del pueblo boliviano”, puntualizó.
Uno de estos casos se refiere a la compra de talco para pies por un monto de Bs 449.085 para la entonces Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN). «Casi medio millón de bolivianos para la compra de talco cuando el país vivía la pandemia y los policías no tenían ni barbijos», acotó Del Castillo.
Anteriormente, ya se hicieron conocer ocho casos de auditoría similares en diciembre de la anterior gestión, en los que también se hallaron irregularidades en procesos de compra y adquisiciones durante el periodo de Murillo, dichos procesos fueron calculados en Bs 87.416.472.
Del Castillo señaló que el monto global, que compete a los 22 nuevos procesos y a los anteriores ocho, hacen una suma total de Bs 156.699.625.
Otro caso se refiere al proceso de contratación del Servicio de Mantenimiento General del Equipo del Centro de Investigaciones Técnico Científico en Toxicología y Sustancias Controladas (CITESC), unidad ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico.
El proceso de contratación de este servicio prueba inconsistencias en las fechas de los documentos del proceso, mismos que datan del 17 de agosto del 2020, cuando se remite la nota de solicitud de la contratación, aunque los documentos adjuntos tienen fechas posteriores como 14 de septiembre, 20 de agosto, y otros.
“Han ido acomodando el proceso después, en este caso en específico, en el proceso de contratación (…), no se evidencia ningún documento que pruebe la experiencia de la empresa (que fue acreedora al contrato)”, apuntó Del Castillo.
Ante las irregularidades encontradas durante “el gobierno de facto”, el Ministro de Gobierno determinó seguir procesos administrativos y penales a los responsables, señala un boletín institucional. (ACUERDOS/rjra)
