LA PAZ, En cumplimiento de la Emergencia Sanitaria Nacional, el Gobierno Nacional inició un trabajo coordinado e interinstitucional para atender denuncias de agio e irregularidades en precios y calidad de servicios de salud y medicamentos, además de controlar la venta no autorizada de test y reactivos para pruebas caseras de detección contra el COVID-19.
“El cobro excesivo por atención médica y en la venta de medicamentos puede acarrear sanciones desde administrativas hasta penales, pasando por económicas”, advirtió el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, quien informó que los operativos de control están a cargo de funcionarios de su cartera, en coordinación con personal del Ministerio de Salud, la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud (Agemed) y de los Sedes.
En el marco de esta labor en hospitales y clínicas públicas y privadas, Silva puso como ejemplo el caso del Hospital Metodista de la ciudad de La Paz, donde se evidenció el cobro excesivo por algunos medicamentos para el COVID-19 y por la atención de terapia intensiva, donde la tarifa no debe sobrepasar los Bs 3.234 diarios.
Silva también alertó sobre la comercialización ilegal de reactivos y pruebas caseras o “autotest” para detectar el coronavirus, y de medicamentos caducos o sin registro.
La supervisión de estas actividades está a cargo de los Sedes que, por falta de personal, no hacen controles continuamente, por lo que Silva apeló a la “conciencia de los distribuidores y consumidores”.
“Está prohibida la venta de estas pruebas en las farmacias, por cuanto el uso puede ser inadecuado. Se trata de un diagnóstico que determina una enfermedad grave, contagiosa, por lo tanto, esa responsabilidad tiene que estar en manos de profesionales, en primer lugar, y el manejo de los resultados debe ser de conocimiento de las autoridades correspondientes”, manifestó.
Ante la considerable escalada de casos de COVID-19, el Gobierno Nacional resolvió el pasado 29 de diciembre reactivar la declaratoria de emergencia sanitaria nacional, vigente en el país en el marco de la Ley 1359 del 17 de febrero de 2021.
Esta medida establece la normativa para controlar los precios de medicamentos e insumos y fijar topes máximos para evitar la especulación de farmacias, empresas importadoras y distribuidoras.
Además, permite fiscalizar las tarifas y cobros por servicios médicos y hospitalarios, dispone que ningún centro médico público o privado podrá negar atención ni pedir adelantos de pagos por sus servicios y permite al sector público la importación directa, libre de impuestos y de trámites aduaneros de medicamentos e insumos. (ACUERDOS/rjra)
