LA PAZ, Familiares de las víctimas de las masacres de 2019 anunciaron el lunes que no cesarán en su búsqueda de justicia y pidieron impulsar el juicio de responsabilidades en contra de Jeanine Añez por las masacres de Sacaba y Senkata.
“Lo que nosotros buscamos es justicia por la muerte de nuestros seres queridos, es muy lamentable porque hay niñas y niños menores de edad huérfanos, madres y viudas que viven con ese dolor, el futuro que tenían hasta ese momento, fue destruido totalmente”, lamentó la presidenta de los familiares de las víctimas de Senkata, Gloria Quisbert.
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, admitió en las últimas horas la proposición acusatoria en contra de Añez por los delitos de genocidio, lesiones graves y leves y lesiones seguidas de muerte durante las masacres de Senkata y Sacaba, y confirmó al Tribunal Supremo de Justicia que dio inicio a la fase de acumulación de antecedentes.
De acuerdo a lo establecido en la Ley 044 para el juzgamiento de la presidenta y presidente del Estado, vicepresidenta y vicepresidente y las altas autoridades del órgano Judicial y del Ministerio Público, cualquier ciudadano puede presentar una proposición acusatoria ante el Fiscal General del Estado cuando cometan uno o más delitos en el ejercicio de sus funciones.
“La anterior semana se presentó una proposición acusatoria en contra de Jeanine Añez Chávez por los hechos acaecidos en 2019 (…) esta proposición la firman más de 20 personas que han perdido a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a algún familiar por esta represión virtual que ha sido avalada, autorizada y coordinada por la autoproclamada presidenta”, explicó el director Nacional del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima (Sepdavi) dependiente del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Tito Tornero.
Tornero agregó que durante estos meses se logró recabar documentos y material que respalda la proposición acusatoria a fin de determinar el grado de responsabilidad de Añez. “Tenemos tres carpetas llenas de pruebas, llenas de documentos donde se demuestra la responsabilidad de la expresidenta, los decretos son de conocimiento público”, indicó.
Tras la tensión social en noviembre de 2019 y la autoproclamación de Añez, se registraron diversas manifestaciones sociales que fueron respondidas con la represión estatal, primero en Sacaba el 15 de noviembre de ese año, con un saldo de 10 personas muertas, 121 heridos y 269 detenidos, y en Senkata el 19 de noviembre con 10 civiles fallecidos, más de 90 heridos y 65 detenidos, muchos de ellos torturados.
La CIDH, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, la Clínica de Derechos Humanos de Harvard, Amnistía Internacional, el Instituto de Terapia e Investigación sobre Secuelas de la Tortura y Violencia del Estado y la Defensoría del Pueblo documentaron las masacres y grave violación a derechos humanos perpetradas en el gobierno de Añez.
Ahora las y los familiares de las víctimas piden que se instale el juicio de responsabilidades en contra de Añez y que el mismo sea apoyado por las y los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“Hemos sido perseguidos, amenazados y vulnerados en nuestros derechos humanos, es por eso que hemos acudido al Ministerio de Justicia y Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales para que nos ayude a buscar justicia como directos familiares”, subrayó Quisbert.
Tras la autoproclamación de Añez, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Boliviana actuaron bajo su mando y amparados en el Decreto Supremo 4078 que los eximía de responsabilidades en el marco de sus actuaciones por “la defensa de la sociedad y la conservación del orden público”, para reprimir a la población civil desarmada.
“Nosotros queremos la extradición del señor Arturo Murillo y (Luis Fernando) López, y la sentencia de la señora Jeanine Añez que al sacar el decreto 4078 permitió que se dispare contra el pueblo, a gente aymara, pobre y humilde que hasta el día de hoy tiene el llanto en su corazón”, puntualizó la dirigenta.
Al grito de “justicia, justicia, justicia”, indicaron que se debe instalar el juicio de responsabilidades en contra de Añez.
“Nosotros no tenemos miedo y vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que se investigue el caso, por estos jóvenes que han muerto en Senkata, queremos que se investigue a profundidad. Esta no es una organización política”, concluyó Quisbert. (ACUERDOS/rjra)
