LA PAZ. Con una clara voluntad política, los gobiernos municipales y departamentales debieran promover la aprobación de normativas efectivas de acceso a la información pública, cuyo incumplimiento esté sujeto a sanciones, concluye el documento de los 10 temas clave para la gestión de gobernaciones y municipios, sobre transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas.
La transparencia en la gestión de gobernaciones y municipios se logra, idealmente, con la concurrencia de diversas líneas de acción, como la gestión financiera informada, la fiscalización del uso de recursos, el control social, además de la gestión política y de recursos humanos que se concretan en la rendición pública de cuentas y en espacios de concertación.
En los hechos, hay estudios que demuestran la poca transparencia en la gestión pública. Fundación Jubileo realizó un análisis sobre la Situación de la transparencia y acceso a la información en el sector hidrocarburos, la indagación fue realizada con base en la revisión de los portales web de las gobernaciones y municipios, para evaluar el cumplimiento de la normativa relacionada con esta temática.
Los resultados muestran que los gobiernos departamentales y municipales, aunque tienen unidades de transparencia, no cumplen con las disposiciones; las rendiciones públicas de cuentas no muestran la documentación completa; las herramientas de acceso a información en línea son prácticamente inexistentes, fueron retiradas o se encuentran desactualizadas.
Por otra parte, la gestión de gobernaciones y municipios de Bolivia fue calificada a través del Índice de Apertura y Transparencia Municipal, realizado por la Red de Participación y Control Social, y del Índice de Transparencia de Gobernaciones, elaborado por el CEDLA. Los resultados develan que los gobiernos municipales con mejor situación desde la percepción de los ciudadanos son los denominados municipios intermedios y pequeños, y que las gobernaciones, en general, presentan un reducido nivel de transparencia.
Las instituciones públicas, por norma, deben realizar los actos de rendición pública de cuentas, con el objetivo de generar una participación ciudadana para ejercer el control y fiscalización de la cosa pública, pero no cumplen con su función porque la información es agregada.
La participación de la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones es posible en la medida en que las instituciones tengan la capacidad de informar sobre sus planes, programas y proyectos, contrataciones, informes financieros y toda la información pública; informar sobre el origen, la distribución, el uso y el destino de los recursos públicos; crear condiciones para poner en práctica los mecanismos de rendición pública de cuentas sobre las responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas de autoridades y servidores públicos. (ACUERDOS/rjra)
