LA PAZ, El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, sostuvo una reunión con los dirigentes y trabajadores de la Empresa Minera de Huanuni para encontrar un consenso con los trabajadores y garantizar los recursos económicos para el pago de bonos sociales. Los mineros de forma unilateral abandonaron la mesa del diálogo.
En instalaciones del auditorio del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) se instaló la mesa de negociación con los dirigentes y representantes del sindicato de trabajadores la Empresa Minera de Huanuni liderada por sus ejecutivos.
En la comisión técnica de negociación participó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro; la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza y el gerente de la Gestora, Jaime Durán.
“La lógica siempre ha sido estar abiertos al diálogo, esperar que ellos también reflexionen y buscar un camino que no atente contra la continuidad del pago de bonos sociales”, declaró el Ministro.
Los trabajadores mineros de Huanuni bloquearon el centro de la ciudad de La Paz en demanda de la abrogación del Decreto Supremo N°4783, normativa que fue derogada la pasada semana luego de un consenso con los dirigentes mineros de la Empresa Minera Colquiri, Corocoro y delegados de las empresas mineras estatales.
«Hemos puesto una explicación racional de lo que ocurrió la anterior semana y creemos que está solicitud y está exigencia de abrogar el decreto supremo 4783 es un extremo total, dado que ya la solución de derogación no toca ya nada con los artículos que estaban en preocupación por parte de los trabajadores del área minera, entonces ellos han roto el diálogo y nosotros siempre estamos abiertos al diálogo», insistió el Ministro.
Montenegro lamentó las contradicciones de los trabajadores mineros quienes plantearon inicialmente derogar los artículos donde se mencionaba el aporte de las empresas estatales para las políticas sociales y ahora exigen la abrogación total del Decreto Supremo N° 478 sin respetar el acuerdo alcanzado la anterior semana con los mineros de Colquiri y demás empresas mineras.
Con la derogación no se toca ya nada respecto al aporte de las empresas estatales, en todo caso se estaría limitando que el Tesoro General cuente con los recursos de trasferencias y las multas de la ASFI a las entidades financieras para el pago de políticas sociales.
“Eso sería un daño atentatorio contra los adultos mayores, contra los niños, contra las mujeres embarazadas y ese es un mandato del esquema de nuestro modelo de redistribuir el ingreso para los más necesitados”, acotó Montenegro.
En el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, parte de las utilidades que generan las empresas públicas son redistribuidas a la población a través de bonos sociales en beneficio de la población más vulnerable.
En cuanto a la socialización de las funciones de la Gestora Púbica, los representantes mineros expresaron su conformidad respecto a la explicación recibida por parte del Gobierno. (ACUERDOS/rjra)
