La ciudad de La Paz se encuentra bajo la sombra de un escándalo que ha revelado una red de corrupción y obstáculos en el camino hacia la justicia. La víctima, Ninon Campos Landavery, ha enfrentado innumerables desafíos al denunciar un caso de violencia, y su lucha se ha visto obstaculizada por quienes deberían proteger sus derechos y asegurar que se haga justicia.
La denuncia de Campos Landavery se enmarca en el contexto de la Ley 348, una legislación boliviana que busca prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, su búsqueda de justicia se ha convertido en una pesadilla, marcada por una serie de negativas y manipulaciones por parte de las autoridades.
Desde el principio de su denuncia, Campos Landavery ha enfrentado negativas incomprensibles por parte de la fiscalía de la Zona Sur de la ciudad de La Paz. Varios memoriales solicitando requerimientos han sido negados de manera sorprendente, dejando a la víctima en una situación de desamparo. En lugar de recibir apoyo y protección, Campos Landavery se ha encontrado con un sistema que parece favorecer a los poderosos en lugar de hacer justicia.
La situación se ha vuelto aún más complicada debido a la falta de acceso a pruebas y documentos esenciales para su caso. Los cuadernos que contenían información importante estaban bajo reserva y fuera de su alcance, lo que dificultaba enormemente su capacidad para presentar pruebas en su defensa. Además, se han extendido medidas que han prolongado innecesariamente el proceso, obligándola a quejarse a la fiscalía general en Sucre.
En el transcurso de este proceso, continué siendo objeto de agresiones en mi contra a través de las redes sociales. Dentro de los documentos presentados en memoriales, se pueden encontrar insultos y calumnias, firmados con la firma inequívoca del ahora denunciado, quien antes fue el agresor. Lamentablemente, las autoridades hacen caso omiso de la denigración que ha sufrido la víctima.
«Yo, Ninon Campos Landavery, nunca he agredido a mi agresor ni física ni verbalmente. Sin embargo, soy víctima de la corrupción que impera en el sistema judicial, donde el juez Herber Torrejon parece ser cómplice de los golpes, maltratos y agresiones que he soportado a manos de José Luis Parada.»
La corrupción de este juez ha llegado a un punto en el que ahora soy víctima de este funcionario público corrupto, alguien que debería garantizar la justicia para todos los bolivianos por igual, pero que parece haberse dejado influenciar a favor del agresor y un hombre que se niega a reconocer a su propio hijo.
Cada día, la Ley 348 es utilizada de manera injusta por parte del juez Torrejon, ya que no la aplica de manera adecuada. Este juez omite hechos cruciales y se refugia en el poder que se le ha conferido para impartir la ley de manera equitativa y justa, algo que este individuo corrupto evidentemente ha dejado de lado en su cuenta bancaria.
Las dificultades que Campos Landavery ha enfrentado no se limitan a los aspectos legales de su caso. Ha sido objeto de agresiones en redes sociales, donde los agresores han utilizado insultos y adjetivos ofensivos, sin que las autoridades tomen medidas contra esta denigración.
La corrupción parece haber alcanzado niveles alarmantes en este caso, ya que el juez Herber Torrejon se ha convertido en un obstáculo en el camino hacia la justicia. El mismo juez que debería garantizar la imparcialidad y la equidad en el proceso ha sido acusado de favorecer al agresor y de retrasar deliberadamente el caso.
Desde el año 2022, existía una acusación formal en contra del acusado, pero debido a la abrumadora carga judicial, el Juzgado Tercero Anticorrupción, a cargo de Herber Torrejon, ha estado retrasando el proceso con diversas excusas. Argumentan que el cuaderno de investigación no está listo, que están saturados de casos, o que el expediente no ha salido del despacho. Esto ha generado una lucha constante por avanzar en el proceso legal. Finalmente, se sorteó el caso y nos asignaron al Juzgado Duodécimo de Sentencias para llevar a cabo el juicio oral.
Sin embargo, lamentablemente, parece que existe una relación poco clara entre el acusado y algunos funcionarios en este nuevo juzgado, ya que el cuaderno de investigación fue devuelto y retirado del juzgado donde ya estaba listo para comenzar el juicio. En lugar de avanzar, el caso retrocedió al Juzgado de Instrucción Tercero Anticorrupción, donde el juez Torrejon, quien enfrenta serias acusaciones de corrupción, ahora intenta resolver la extinción del proceso. Argumenta que este caso ha durado demasiados años, lo que plantea la pregunta de qué beneficio obtiene una víctima después de perder tantos años de su vida, no porque no se haya realizado un seguimiento adecuado, sino debido a la burocracia y la dilación de la justicia que el sistema judicial viciado utiliza en favor de los acusados y agresores, aprovechándose de los plazos legales.
«Yo no soy el único caso, varias mujeres están viviendo esta misma pesadilla, donde la corrupción y jueces como Torrejon continúan mercantilizando la justicia en beneficio de sus propios intereses personales», añadió Campos.
Pero este problema trasciende más allá de los juzgados, ya que el padre del agresor es un militar que ha intervenido en la FELCV con prepotencia, aprovechando su posición para intimidar al investigador.
A pesar de contar con pruebas legalmente obtenidas, evaluaciones de dos médicos psiquiatras, recetas médicas y la presentación de la historia clínica, este camino ha estado plagado de obstáculos que han sido colocados por el corrupto juez Herber Torrejon y su séquito de funcionarios del sistema de justicia, todos aparentemente favoreciendo al agresor José Luis Parada.
Sin embargo, la lucha por la justicia y el reconocimiento de los derechos de la víctima continúa. Las pruebas y los hechos deben ser considerados con la debida seriedad y objetividad, sin importar las influencias externas o las interferencias de terceros. La búsqueda de la verdad y la justicia debe prevalecer sobre cualquier intento de obstrucción o corrupción en el proceso judicial.
