LA PAZ, El informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) confirmó que las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana utilizaron armas letales en su intervención en la zona de Senkata de El Alto durante el 19 de noviembre de 2019 y que provocaron heridos y muerte de ciudadanos. Indica que lo sucedido fue una “masacre”.
“Las Fuerzas Armadas y la Policía no admitieron haber usado armas letales, las evidencias recabadas por el GIEI indican que los disparos que resultaron en muertos y heridos se originaron en estas fuerzas de seguridad”, se lee en parte del informe.
El documento recuerda que, en el contexto del conflicto electoral y protestas sociales, el 11 de noviembre de 2019, los habitantes de El Alto realizaron bloqueos en calles y avenidas. Uno de los principales cercos se realizó en las inmediaciones de la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de Senkata.
“Los bloqueadores cavaron zanjas frente a las puertas de la planta y realizaron vigilias para impedir la salida de camiones. Si bien las protestas en Senkata iniciaron el 10 de noviembre, las demandas se extendieron al repudio a la asunción de Jeanine Áñez a la presidencia y a otros temas políticos y sociales (sic)”, se lee en otra parte del informe.
Recuerda que vecinos simpatizantes del Movimiento Al Socialismo se oponían a que un régimen haya tomado el poder exactamente una semana antes, el 12 de noviembre, dos días después del golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019, cuando el entonces presidente Evo Morales dimitió al cargo ante la escalada de violencia nacional y denunciara un golpe de Estado.
“El 19 de noviembre de 2019, el ejército y la policía ejecutaron un operativo conjunto con la finalidad de garantizar la salida de camiones de la planta YPFB de Senkata, ciudad de El Alto, para el reabastecimiento de combustible en el departamento de La Paz. Lograron organizar un convoy para la salida de 47 cisternas y camiones de garrafas de gas (sic)”, se lee en el informe.
“Luego de la salida de los camiones, alrededor de una centena de manifestantes derribaron partes del muro perimetral de la planta YPBF y quemaron cuatro vehículos incautados que estaban en desuso, en una zona de la planta sin uso operacional. Intentaron ingresar al recinto por un portón en el extremo sur de la planta. Las fuerzas de seguridad reaccionaron con un uso desproporcionado de la fuerza. Como resultado, diez personas perdieron la vida y alrededor de 78 resultaron heridas”, añade.
EJECUCIONES SIN AMPARO LEGAL
El GIEI destaca que uno de los principales argumentos mediante los cuales las autoridades intentan justificar la actuación de las fuerzas de seguridad durante el operativo de Senkata se basa en la tentativa de los manifestantes de invadir la planta y provocar un incendio tras el derrumbe del muro.
El informe acota: “Independientemente de la efectiva cadena de mando sobre las distintas fuerzas que componían la escolta del convoy, el planeamiento y la orden para ejecución de la operación fueron del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas”.
“El GIEI constató que, a partir del derribamiento del muro, las fuerzas de seguridad desarrollaron una operación de persecución violenta en contra de los manifestantes, el cual resultó en un conjunto de ejecuciones sin amparo legal, a lo largo de seis horas, no solamente en la avenida 6 de Marzo y en el área directamente aledaña a la planta de YPFB, sino también en los alrededores. No se conoce la motivación para el ataque contra civiles, pero es posible concluir que la masacre fue resultado de la acción de los órganos de seguridad del Estado”, se lee.
Según las evidencias recabadas por el equipo de expertos, algunas autopsias realizadas identificaron que las lesiones sufridas por las víctimas fatales fueron producidas por cartuchos de 9 mm o de 22 (5,56 mm). Indica que el armamento utilizado por las Fuerzas Armadas en esas fechas es compatible con esos calibres, según la información recibida de las Fuerzas Armadas, parte de la tropa portaba pistolas de uso personal con munición de 9 mm y también fusiles Galil, los cuales utilizan proyectiles de 22 (5,56 mm) de alta velocidad.
“La dinámica de los hechos, la ausencia de pruebas que demuestren el uso de armas de fuego por los manifestantes y la compatibilidad entre las lesiones sufridas por las víctimas, los cartuchos hallados, las balas y el armamento utilizado por las fuerzas de seguridad, indican fuertemente que los disparos provinieron de sus armas”, añade el informe.
Respecto a las instalaciones de YPFB, los expertos aseguran que requerían de protección por parte de las fuerzas de seguridad debido a su importancia estratégica y a las actividades desarrolladas allí. Evalúa que dichas fuerzas de seguridad actuaron adecuadamente tanto para garantizar la salida del convoy de camiones, como para proteger la zona de “city gate” de la planta.
“Sin embargo, el empleo de fuerza en contra de los manifestantes tras el derribamiento del muro y el contexto de represión que se desencadenó, no respetaron el límite de lo necesario y la proporcionalidad entre el riesgo y la fuerza empleada. El uso de violencia letal por las fuerzas de seguridad fue excesivo e injustificable”, cuestiona el informe.
Las pruebas recabadas por el GIEI indican que la represión por las fuerzas de seguridad, además de haber ocurrido en gran escala, se extendió hacia áreas distantes de la planta de Senkata. “Esas informaciones refuerzan la conclusión de que las fuerzas de seguridad actuaron sin observar los criterios de necesidad y proporcionalidad”, sostiene.
Cuestiona que los heridos sufrieron discriminación, racismo y denegación de servicios médicos en diversos centros hospitalarios, bajo el argumento de que eran personas simpatizantes del MAS. En algunos casos, hubo negativa de atención médica a personas heridas de bala.
Hace mención a que una multitud de vecinos que componía la Marcha de los Féretros de El Alto manifestaba en La Paz su luto, dolor y revuelta en contra de las muertes ocurridas dos días antes. Pese a que la marcha era pacífica, “las fuerzas policiales y militares recurrieron a la violencia de manera innecesaria y abusiva”.
“El GIEI reconoce que el esclarecimiento de lo ocurrido y la definición de los responsables por las muertes y lesiones corporales presenta complejidad dentro de la investigación debido a la dinámica de los hechos. Además, el trabajo de la Fiscalía ha sufrido retrasos debido a la poca cooperación de las Fuerzas Armadas y la demora en la producción de pericias a cargo del IITCUP (Instituto de Investigaciones Técnico Científicas) y del IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses). Sin embargo, se evalúa que el Estado tiene el deber de aplicar la debida diligencia para la investigación y persecución de esa masacre”, indica el GIEI en su informe. (Abi)
