LA PAZ. El Centro de Investigaciones Económicas y Políticas (CEPR) con su sigla en inglés, divulgó un estudio que demuestra el mal manejo de la economía boliviana por el gobierno de facto de Jeanine Áñez, y muestra evidencias y ejemplos de que esto no se debió solo a la negligencia y corrupción –que las hubo–, sino a una estrategia que buscaba revertir los avances logrados durante los gobiernos del MAS.
En la investigación “Bolivia después del golpe de 2019: política económica”, cuyo resumen ejecutivo ya está disponible en español en el portal del CEPR, se advierte que “a pesar de su estatus ostensible de ‘gobierno interino’, el gobierno de facto instituyó una serie de cambios regresivos en la política económica”.
El texto agrega que el régimen también manejó mal la respuesta a la pandemia y a la recesión que esta causó, llevando adelante una agenda de política económica muy diferente a la del gobierno anterior.
En resumen, según infieren los investigadores Jake Johnston, Joe Sammut y Mark Weisbrot, que firman el reporte, la única motivación de Áñez y su equipo pareció ser deshacer todo lo hecho por los gobiernos de Evo Morales, sin reparar en los costos para la población, y con el fin evidente de reestablecer en el país un sistema conservador y acorde a las recetas de los organismos internacionales y potencias capitalistas.
Se caen argumentos del régimen
Cada vez son más las evidencias, incluso desde la óptica externa, de que al régimen de facto solo le interesaba retomar el antiguo modelo de mercado libre que durante décadas permitió el saqueo de los recursos de los bolivianos para privilegiar solo a ciertas élites.
Este informe coincide con el reciente reporte del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) –que agrupa a empresarios privados, sector históricamente contrario al Gobierno– de que Bolivia logró entre enero y mayo de este año un récord en su superávit comercial: $us 638 millones. Como este, son numerosos los indicadores macroeconómicos que respaldan el modelo de la gestión de Luis Arce, que retoma lo avanzado por Bolivia desde 2006.
En otras partes del informe se lee: “desde el tercer trimestre de 2019, hasta el cuarto trimestre (cuando ocurrió el golpe), el gasto del sector público cayó drásticamente, lo que se reflejó en la caída de un 7 % del PIB trimestral. Aunque parte de esta caída se recuperó en el primer trimestre de 2020 (3 puntos porcentuales), los recortes dañaron seriamente la economía que justo en ese momento se enfrentó a la pandemia” y consecuente recesión mundial. “El gobierno –añaden los autores– tampoco aumentó el valor nominal del salario mínimo, por primera vez desde 2005, y redujo drásticamente los salarios del sector público. Estas fueron otras claras señales de sus objetivos de cambiar las políticas desarrolladas por el gobierno electo anterior”.
Finalmente, el texto refiere que durante los gobiernos electos del MAS (2006-2019), la pobreza se redujo en un 42 % y la extrema pobreza en un 60 %. Además, que el PIB real per cápita creció más del 50 %; y que solo durante 2014-2019, creció más rápido que en cualquier otro país de América del Sur.
