REDACCIÓN CENTRAL. En la primera década del siglo XXI se desplegaron obras de infraestructura de caminos y transporte de gas atravesando la Chiquitanía. Ese hecho llamó la atención de un grupo dirigido por el sociólogo e investigador José Martínez porque hacía prever que la apertura de esa brecha en medio del bosque seco se convertiría en un reguero de fuego.
El gasoducto que va desde San José a la frontera con Brasil estaba en plena construcción. “Era una brecha larga y lo que han hecho es trozar los árboles, colocarlos en las vías del ducto, esto era un material muy seco, era periodo de incendios, nuestra preocupación era que esto se convierta en un reguero de fuego justo a partir de la brecha”, indica el docente universitario en una conversación por Zoom.
Martínez y su equipo se propusieron investigar los impactos sociales de esa infraestructura, y el libro “Fuego en el Pantanal” condensa los resultados de ese trabajo que puso énfasis en una perspectiva sociológica de los incendios y la situación de las poblaciones indígenas.
Mentalidad agrarista
“Una de las razones más importantes para la ocurrencia de incendios en aquel tiempo y en la actualidad en las áreas de bosque es la mentalidad agrarista del siglo XVIII de las autoridades, de la población y de los técnicos. Consiste en pensar que habilitando tierras de bosque en mayores extensiones van a tener mayor producción agrícola. Esto no va a ocurrir nunca en Bolivia porque estas tierras no tienen la capacidad agrícola”, dice Martínez.
El sociólogo identifica a la vez a los agroindustriales, los ganaderos y, en los últimos 14 años, los interculturales, que han ocupado áreas de bosque, como los principales actores de la deforestación y los incendios. Y estos actores se conjugan con la construcción del gasoducto, la apertura de carreteras y el arranque de actividades mineras u otras extractivistas en la región, en los últimos años.
Entre 2019 y 2020, también está el factor de estímulos legales del gobierno de Evo Morales que se plasmaron en leyes y reglamentos para ser el telón de fondo de los incendios. En 2019 hubo una pérdida de cerca de 6 millones de hectáreas de bosque, lo que implica una afectación incuantificable a la biodiversidad de flora y fauna. Este año, los incendios ya están comprometiendo cerca de 2 millones de hectáreas.
Carreteras y fuego
Martínez afirma que lo que sucede ahora no es totalmente diferente de lo que ocurría en los años 2001-2002 cuando su equipo emprendió la investigación.
¿Hay correspondencia entre infraestructura en carreteras e incendios? “Tiene una correlación directa, sobre todo con las empresas subsidiarias que controlan la ABC. Lo que hacen en el periodo de estiaje es prender fuego a la vera del camino para mantener el derecho de vía (DDV) limpio, y como no hay una barrera entre el DDV y los bosques, el fuego se propaga”, explica.
Sin embargo, este impacto de mantenimiento de vías no es central, en su criterio, pues el mayor daño lo causa la idea prevaleciente de que los árboles son un estorbo para la agricultura y la ganadería.
La propuesta de “Fuego en el Pantanal” era desarrollar políticas públicas y tareas de prevención. José Martínez considera que esa sigue siendo la respuesta porque “si nosotros no prendemos fuego, no tenemos nada que apagar, tan simple como eso”.
Sin embargo no es tan simple porque implica aprender y entender el manejo del fuego de las comunidades locales. Entonces la propuesta es “fuego cero” en el periodo de estiaje (seco o con caudales mínimos) que es cuando concurren vientos, calor y desechos secos de los árboles; y “fuegos prescritos o recomendados” antes del periodo de estiaje en áreas de bosque con alto valor biológico. Esto último es lo que hace el chaqueo, que es un sistema de preservar el suelo y de uso y manejo de áreas de bosque con fuego con tumba de bosque, acordonamiento de un área, roza o limpieza de rastrojos y quema después de las primeras lluvias de noviembre.
Grave impacto
Los impactos sociales de los incendios son profundos. José Martínez explica que las comunidades indígenas ven a los nuevos propietarios ingresar con maquinaria y cadenas para deforestar, y consideran exitosa su forma de trabajo. “Los malos ejemplos no solo están en los desmontes e incendios, sino también en las prácticas cotidianas. Cuando hicimos el estudio se quemaron chocitas en Guarayos, hubo ayuda, reconstruyeron las casas, pero al año siguiente otras comunidades incendiaron sus casas para que les pongan ayuda”, dice. El año pasado hubo mucha ayuda de voluntarios, bomberos y ONG, se instalaron campamentos. Esa ayuda necesaria y puntual puede tener, en su criterio, un efecto perverso contra las comunidades locales porque no están resueltos los problemas de fondo.
“Las comunidades indígenas no solo están comprometidas en sus medios de subsistencia sino en sus valores socioculturales que son más importantes como identidad de pueblo. Las comunidades ayoreas, últimos nómadas, están desapareciendo incluso teniendo territorio, varias de ellas viven en las ciudades caso Zapocó, Tobité, Santa Teresita, y sus territorios están abandonados”, concluye Martínez. (PIEB)
