LA PAZ, La viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, aclaró que la Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo no modificará el Código de Procedimiento Penal, no levantará el secreto bancario, ni se realizará intervenciones a los teléfonos celulares con fines investigativos.
Esta Ley tiene por objeto integrar, organizar y coordinar los esfuerzos de todas las entidades involucradas en el combate de las actividades delictivas de Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo. Adicionalmente, dicha Ley permitirá evitar sanciones por incumplimiento de instrucciones de los organismos internacionales en esta temática, a efectos de que Bolivia no pase a la lista gris.
“La Estrategia de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas no modifica el Código de Procedimiento Penal ni el Código Penal”, explicó Espinoza.
Con relación a la intervención de las llamadas o escuchas telefónicas, aclaró que la Ley, no establece en ningún momento que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) tenga atribuciones administrativas para utilizar este método de interferencia a las comunicaciones.
“Las afirmaciones que han estado haciendo los constitucionalistas demuestra un desconocimiento de la Ley, nos hace pensar que ni siquiera la revisaron. Expresamos nuestra preocupación por declaraciones que sólo buscan desinformar y movilizar a sectores sociales con mentiras, promoviendo un discurso de temor con base a argumentos falsos y descontextualizados”, enfatizó.
En los próximos meses Bolivia será sometida a una evaluación internacional por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) para verificar la implementación de normativa y su eficacia en la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas.
“Es importante que nosotros podamos tener una evaluación positiva y favorable para que seamos un país confiable para no tener ningún tipo de restricciones a las operaciones de comercio exterior, de giro y las operaciones de nuestras entidades financieras que trabajan con otros bancos en el exterior”, apuntó Espinoza.
En caso de obtener una calificación negativa por parte de los organismos internacionales, se podría establecer restricciones para el sistema financiero, mayores exigencias en transacciones financieras internacionales; se afectaría al sector empresarial y repercutiría en operaciones cotidianas que realizan los bolivianos como ser el envío de remesas, transferencias, giros internacionales y operaciones de comercio exterior. (ACUERDOS/rjra)
