LA PAZ, La Comisión de Fiscales de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción que investiga el caso “Respiradores Españoles” presentó ante la autoridad judicial la acusación formal en contra de ocho personas implicadas en el proceso irregular de contratación directa por la adquisición de 170 ventiladores pulmonares de origen español.
“Los respiradores españoles al ser recibidos no contaban con los accesorios y especificaciones técnicas ofertadas por el proveedor, además de no ser aptos para la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), ni para tratar pacientes críticos a causa del Covid-19. Este proceso de compra inició el 8 de mayo de 2020; es decir, uno de los momentos más críticos para el país por la emergencia sanitaria devenida del contagio y propagación de la pandemia y la alta letalidad de la enfermedad”, se informó.
Se emitió la acusación formal sustentada en 22 pruebas testificales y 73 pruebas documentales colectadas a lo largo de la etapa preparatoria de la investigación, entre ellas, el dictamen pericial de auditoria forense que identifica las irregularidades en el proceso de adquisición de los aparatos y otros informes técnicos- periciales.
Entre los acusados figuran dos exfuncionarios del Ministerio de Salud, tres de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), un exdiplomático y dos personas particulares.
Incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, uso indebido de influencias, contratos lesivos al estado, delitos contra la salud pública, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, entre otros son los delitos atribuidos a los ocho acusados.
Por todos estos delitos, el Ministerio Público ha solicitado una sentencia condenatoria para los responsables y la pena máxima de 10 años de prisión, más agravantes y criterios de concurso real e ideal.
ANTECEDENTES
En mayo de 2020, el Estado adquirió 170 ventiladores pulmonares de la empresa española GPA Innova a través de la intermediaria IME Consulting Global SL, a pesar de las observaciones que hizo el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que advirtió que esos equipos eran muy básicos para terapia intensiva y no cumplían con las especificaciones dadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), además de contar con una mejor oferta de precios de una empresa nacional.
El proceso de compra directa de los ventiladores se realizó entre la empresa española intermediaria IME Consulting Global SL y la AISEM por un monto de más de cuatro millones de dólares, de cuales se pagó a empresa española la mitad, ya que el proceso fue paralizado al no cumplir con las especificaciones necesarias y por la falta de accesorios. Cada ventilador representa un costo de alrededor de $us 28 mil.(ACUERDOS/rjra)
