GOBCOM, miércoles 30 de septiembre de 2026.- El presidente Rodrigo Paz Pereira promulgó este miércoles la “Ley de Prediarios”. La norma busca que las gobernaciones dejen de asumir el costo del pago de prediarios para las personas privadas de libertad y que el Gobierno central asuma esta responsabilidad.
El presidente dijo que el paquete de medidas discutido en el Parlamento no solo abarca el beneficio prediario, sino que también incluye cinco o seis políticas públicas de carácter nacional en el ámbito legislativo.
“Yo, como Ejecutivo, quiero reconocer la labor generada por el Parlamento en un esfuerzo conjunto para que una ley como esta vaya en beneficio de los bolivianos a través de las gobernaciones, y felicitar a los gobernadores porque asumieron esto en una mesa de consenso. Aquí no es imponiendo”, manifestó el mandatario en el acto central realizado en el hall de Palacio Quemado.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, expresó su satisfacción y afirmó que esta norma será de gran utilidad para las gobernaciones de los nueve departamentos del país.
“La ley que se promulga el día de hoy, la ley de prediarios que hoy el presidente Rodrigo Paz propone al país, destinar cerca de 209,5 millones de bolivianos a frentes y temáticas que son difíciles de postergar, que requerían una atención urgente. Estamos hablando de 87,6 millones de bolivianos para garantizar, por ejemplo, los prediarios y la gestión del régimen penitenciario, asegurando derechos humanos básicos”, dijo el ministro.
Durante el evento, que contó con la presencia de gobernadores departamentales, legisladores y el Alto Mando Militar y Policial, el ministro destacó que esta ley representa un auxilio económico inmediato para temáticas sociales y de salud que no podían seguir postergándose.
Por su parte, el presidente del Senado, Diego Ávila, sostuvo su profunda satisfacción por la culminación del tratamiento legislativo en ambas cámaras, calificando el proceso como una tarea grata, pero, sobre todo, de justicia fiscal.
Competencias y justicia fiscal
De acuerdo con las declaraciones de Ávila, la ley —impulsada por una diputada proyectista— corrige una “injusticia” administrativa heredada de gestiones pasadas, cuando mediante un decreto se transfirió de forma obligatoria la carga del pago de prediarios a los presupuestos departamentales.
“Lo que se ha hecho es devolver una obligación al nivel central que fue en su momento transferida a los niveles departamentales. Esto muestra una voluntad y un camino que tiene este gobierno para llevar adelante un proceso profundo de transformación del país en el campo de las autonomías”, enfatizó el presidente del Senado.
Los puntos clave de la ley son los siguientes:
• Alivio para las gobernaciones: Los gobiernos departamentales ya no tendrán que destinar recursos de sus presupuestos para la alimentación y el régimen penitenciario. Esto les permitirá liberar y reasignar aproximadamente 209,5 millones de bolivianos hacia otras necesidades urgentes de sus regiones.
• Financiamiento central: A partir de ahora, el Órgano Ejecutivo, mediante el Ministerio de Gobierno, asumirá el costo total de los prediarios y la gestión operativa de las cárceles con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN). De la bolsa general, unos 87,6 millones de bolivianos se destinarán directamente a resguardar este derecho de los privados de libertad.
• Bono de vacunación: Se centralizan también 116,5 millones de bolivianos para cubrir los viáticos y los bonos de vacunación del sector médico, otra obligación fiscal que antes restaba liquidez a las regiones.
• Otros fondos: La normativa contempla un desembolso menor para gestión operativa, además de 3,4 millones de bolivianos destinados de forma urgente para la intervención ambiental de la cuenca del río Pilcomayo.
