LA PAZ
La Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que investiga el presunto manejo irregular de las empresas estatales por parte del Gobierno en el período de transición, aprobó su informe final y recomendó remitir una copia a la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar acciones legales contra autoridades de esas factorías por incumplimiento de deberes.
Se prevé acciones contra los ministros de Hidrocarburos y de Energías, además de los titulares de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), por no brindar información sobre el supuesto manejo irregular de esas empresas públicas, se informó.
“Las empresas no dieron su informe y la acción sería por incumplimiento de deberes, somos autoridades elegidas por el pueblo y ellos son designados por la presidenta transitoria, pero lamentablemente es incumplimiento de deberes no darnos el informe a la Comisión, entonces se va proceder con la denuncia para que asuman sus responsabilidades por incumplimiento de deberes”, sostuvo la senadora del MAS, Máxima Apaza, presidenta de esa comisión mixta.
Indicó que en la investigación se detectaron hechos de corrupción a pesar de que las autoridades del Ejecutivo no brindaron información sobre el manejo de esas empresas, además lamentó la actitud del presidente de YPFB al evadir asistir a varias entrevistas.
Añadió que “lamentablemente no contamos con una información física del Ejecutivo, nuestros fundamentos fueron los medios de comunicación, lamentablemente existe corrupción. Hablando de Entel, esa empresa fue nacionalizada y nos manda una nota indicando que es una empresa privada”, puntualizó.
El informe final de esa comisión se enviará a la Asamblea Legislativa Plurinacional, dijo que también recomienda a la siguiente legislatura continuar con ese trabajo de investigación sobre las empresas estatales.
Finalmente, sostuvo que esa Comisión Mixta decidió presentar un proyecto de ley que proteja a las empresas públicas y nacionalizadas. (ACUERDOS/rjra)