SANTA CRUZ, El paro cívico en Santa Cruz cumple 33 días en medio de marcadas diferencias entre líderes del Comité Interinstitucional. Mientras que el rector Vicente Cuéllar cuestionó a la oposición por no unificar propuestas sobre el censo, legisladores de Creemos admitieron que “le mienten a la población” y el gobernador Fernando Camacho optó por mantener bajo perfil.
En las calles persiste la violencia y el martes varias personas vinculadas a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) montados en motocicletas llegaron al Plan 3000, bastión de rechazo al paro cívico, para obligar al cierre de negocios en medio de amenazas y lanzamiento de petardos. Usando armas punzocortantes pincharon las llantas de un bus que prestaba servicios.
También en la Final Radial 19 del barrio Ambrosio Villarroel, detrás de las Cabañas del Río Piraí, se reportaron en la tarde de este martes ataques de grupos de choque contra quienes rechazan los bloqueos, lo que derivó en un enfrentamiento entre la UJC y los que defienden sus fuentes de trabajo.
Cuéllar fue uno de los líderes que cuestionó el papel de los legisladores de Creemos, del gobernador Fernando Camacho, y de Comunidad Ciudadana (CC), del expresidente Carlos Mesa, al presentar hasta cinco proyectos de ley sobre el censo, cuando en una reunión se habían comprometido a elaborar, presentar y defender una sola propuesta.
“No puede ser que presenten cuatro, cinco proyectos de ley cuando lo más sensato es que se debería consensuar uno solo que viabilice y encuentre una solución inmediata”, afirmó, aunque también puso en evidencia la correlación negativa de fuerzas en el Legislativo: “Técnicamente seguimos sosteniendo que es el 2023, pero hay que ser realistas, estamos en un escenario donde nosotros no somos mayoría”.
Justamente lo que impide avance el trabajo en la Comisión de Constitución de Diputados es el número de proyectos y sus diferentes contenidos. Retomaron el planteamiento de censo en 2023, cuando el Gobierno ya fijó el empadronamiento para el 23 de marzo de 2024 y para septiembre la redistribución de los recursos de coparticipación y la entrega de datos destinados a reasignación de escaños legislativos.
En respuesta a Cuéllar, la diputada de Creemos Tatiana Añez le pidió que los llame antes de opinar sobre lo que pasa en el Legislativo y reiteró que defenderán los proyectos que presentaron.
En tanto que el mediático Camacho mantiene un bajo perfil. En uno de sus últimos post, el 19 de noviembre, aseguró que “el Comité Interinstitucional y nuestros parlamentarios de CREEMOS y los de CC, hoy demostraron compromiso y convicción con la patria” y coincidieron en una línea de unidad en el Legislativo, aunque al final presentaron varios proyectos de ley sobre el censo.
A esta situación se suma el hecho que legisladores de la alianza Creemos de Camacho admitieron en un audio filtrado que la exigencia del censo 2023 no es viable, que “se le viene mintiendo a la gente” y que pueden “salir muy mal parados”, por lo que reconocieron el dilema en el que se encuentran para salir del conflicto que lleva 32 días. El diputado Erwin Bazán admitió la autenticidad de los audios y matizó que solo fue un análisis de escenarios.
Camacho y Cuéllar arrastran diferencias de hace tiempo, cuando Cuéllar fue elegido rector y apareció en una foto junto al expresidente Evo Morales. Camacho le advirtió con la “muerte civil” si va en contra del censo 2023.
En agosto, Cuéllar desautorizó a Camacho para hablar de protestas.
Mientras los líderes del paro ahondan sus diferencias en el Legislativo no avanza la aprobación del proyecto de ley del censo y la violencia se mantiene en Santa Cruz de la mano de la paraestatal UJC. (Abi)
