LA PAZ. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional los requerimientos acusatorios contra la expresidenta Jeanine Añez Chávez y contra sus excolaboradores, para juicios de responsabilidades por los casos Fundempresa, crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) y violación a la libertad de expresión.
El informe fue brindado mediante las cuentas de Twitter y Facebook del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional que acompañan fotografías de los memoriales remitidos por el Tribunal Supremo de Justicia.
Uno de estos requerimientos acusatorios fue presentado por el Fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, en base a la proposición acusatoria interpuesta por el ministro de Justicia, Iván Lima, en contra de Jeanine Áñez; José Abel Martínez Mrden, exministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural y Adhermar Guzmán Ballivián, exministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
Ellos fueron acusados por la supuesta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y conducta antieconómica, señala el Auto Supremo 58/2021 del Tribunal Supremo de Justicia.
E caso se refiere a que el Gobierno de facto, a través de un Decreto Supremo, concedió de manera irregular un Registro de Comercio por 15 años a Fundempresa.
Añez, mediante el Decreto Supremo 4356 de 29 de septiembre de 2020, amplió la concesión del Registro de Comercio para esa instancia por 15 años adicionales, vale decir, hasta el 29 de septiembre de 2036 y subsecuentemente a ello, autorizó al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, la suscripción de la Adenda al Contrato de Concesión, documento que no sólo modificó el plazo de la concesión, sino también los porcentajes de distribución de los recursos entre el Estado y Fundempresa, en total inobservancia a lo dispuesto en el Decreto Supremo 26215, según un boletín de prensa del Ministerio de Justicia difundido el 15 de marzo de este año.
El otro requerimiento acusatorio que fue remitido por el Tribunal Supremo de Justicia al Legislativo, se refiere a la proposición acusatoria interpuesta por Ronald Montecinos Colque contra Jeanine Áñez por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, delitos contra la libertad de prensa y atentados contra la libertad de trabajo.
El requerimiento adjunta un informe respecto al caso libertad de expresión.
Este caso se refiere a la vulneración al derecho de libertad de expresión cuando Áñez puso en vigencia el Decreto Supremo 4200. Con esa norma utilizó la pandemia por coronavirus como pretexto para penalizar la disidencia y otras libertades y derechos de centenares de personas. Esa norma presidencial criminalizaba las acciones de “los individuos que informen mal o causen incertidumbre a la población” para someterlos a “cargos penales por delitos contra la salud pública”, indica el reporte del Ministerio de Justicia.
Otro requerimiento acusatorio se refiere al caso FMI e involucra a Áñez, José Luis Parada Rivero, exministro de Economía y Finanzas Públicas y a Guillermo Aponte Reyes Ortiz, expresidente Ejecutivo del Banco Central de Bolivia.
Añez, Parada y Aponte fueron acusados por Resoluciones Contrarias a la Constitución y Conducta Antieconómica, cuando de manera ilegal y sin autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través del Decreto Supremo 4277 de 26 de junio de 2020, se dispuso la transferencia de recursos a través del IFR, para hacer efectivo el crédito de Bs 2.244.356.358,48 ante el FMI. Ese proceso generó desde el mes de abril, un daño patrimonial al Estado por cobro de intereses cuyo monto final asumido por el Estado ascendió a $us 24,3 millones, indica el reporte de prensa del Ministerio de Justicia. (Abi)
