LA PAZ.- Desde hace dos semanas, Laboratorios Vita paralizó su producción y el abastecimiento de medicamentos esenciales para el tratamiento del COVID – suero, antigripales, entre otros -, debido a un conflicto originado por dos exdirigentes, desvinculados de la empresa tras haber ejercido la representación sindical en los últimos cuatro años “sin contar con la declaratoria en comisión del Ministerio de Trabajo, ni el reconocimiento de la Federación de Fabriles”, según denuncia de ejecutivos del Laboratorio.
La gerente general de Vita, Magna Cachi sostuvo que “la mayoría de los más de 340 trabajadores de Vita quiere volver a sus actividades, pero son amenazados por un reducido grupo que mantiene un cerco sobre las instalaciones de la empresa en El Alto”.
Cachi indicó que durante cuatro años, los exdirigentes Wilson Mamani y Edwin Apaza, sin estar legalmente en comisión, “cobraron sin trabajar, engañaron a la empresa y a sus propios compañeros”.
“Nosotros no tenemos nada que negociar con ellos, porque no representan a nadie. Esta es una decisión apoyada plenamente por el directorio y amparada en la Constitución Política del Estado y la Ley General del Trabajo”, acotó.
La ejecutiva informó que el paro causa enormes pérdidas económicas, que ponen en riesgo la fuente laboral de más de 340 funcionarios y conspiran contra la continuidad de las operaciones de “una industria que ha permanecido en pie durante 84 años aportando al desarrollo del país y a la generación de cientos de empleos directos e indirectos”.
“El paro de brazos caídos impide proveer de medicamentos a los centros de salud, hospitales, clínicas del sector público y privado, además de las farmacias de todo el país. Somos 340 funcionarios que no podemos continuar con nuestras labores, debido a una medida injustificada promovida por dos personas acostumbradas a recibir sueldos y otras prestaciones sin trabajar.”, añadió.
Los antecedentes
En septiembre pasado, la farmacéutica desvinculó a Wilson Mamani y Edwin Apaza por abandono de labores, al no presentar la Resolución Ministerial de declaratoria en comisión, que exige el Art. 97 del Decreto Supremo Nº 22407 de 11 de enero de 1990. “Durante cuatro años esperamos pacientemente por ese documento que nunca llegó; sin embargo, de buena fe, continuamos con el pago de sus sueldos”, añadió Cachi.
El pasado 5 de octubre, los dirigentes desvinculados y un grupo de trabajadores intentaron tomar la planta de producción de Vita en El Alto, razón por la cual la empresa pidió la protección policial de sus instalaciones y se generó un enfrentamiento que dejó como saldo heridos, entre ellos un trabajador con lesiones severas.
De acuerdo al reporte médico, a la fecha el herido más grave se encuentra en recuperación en un hospital privado.
“Vita exhorta nuevamente al diálogo a los trabajadores, garantizándoles que su fuente laboral está asegurada, y que el caso de los dos ex trabajadores desvinculados está siguiendo el curso legal correspondiente”, concluyó. (ACUERDOS/rjra)
