LA PAZ, En los últimos 10 años (2013-2023) el presupuesto para los salarios de los sectores de Salud y Educación sobrepasó el 100%, en tanto que para Policía y Fuerzas Armadas, creció en 89%.
Situación similar sucede con las gobernaciones, que incrementaron su presupuesto en 55%, los municipios lo hicieron en 96% y las universidades en 88%. Para sueldos y salarios, entidades pertenecientes a los Órganos del Estado, en el periodo 2013 – 2023 incrementaron su presupuesto solo en 12%, según señala una nota del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Este aumento en el presupuesto de sueldos y salarios es explicado principalmente por dos factores: 1) creación de nuevos ítems y 2) incremento salarial. En el periodo 2005 – 2022 se crearon 27.673 ítems para salud, 50.059 para educación y 16.643 para la policía. El personal de estos sectores es para los diferentes establecimientos educativos y de salud, así como, el fortalecimiento de las políticas de seguridad ciudadana.
En relación al incremento salarial, es de conocimiento de la población que, cada gestión el Gobierno del Estado Plurinacional establece un porcentaje de incremento para reponer el poder adquisitivo de las familias bolivianas. Este aumento tiene relación directa con los diferentes bonos que percibe el personal de estos sectores (salud, educación, policía y Fuerzas Armadas), añade la nota.
El Presupuesto General del Estado (PGE) 2023, contempla para sueldos y salarios el importe de Bs47.253 millones, de los cuales más del 58% se destina al pago de; maestros del Magisterio Fiscal (Bs14.938 millones) que desempeñan funciones en diferentes unidades educativas, médicos (Bs7.240 millones) que prestan sus servicios en los establecimientos de salud, policías (Bs2.977 millones) y Fuerzas Armadas (Bs2.316 millones), quienes se encargan de la seguridad interna y externa. En el caso del Órgano Ejecutivo, solo representa el 2,54%.
Sobre las Entidades Territoriales Autónomas (ETA), es necesario aclarar que conforme la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley Nº 031 de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, cada ETA cuenta con autonomía económica financiera, para decidir el uso de sus recursos, en el ámbito de su jurisdicción y competencias. Asimismo, dicha Ley establece límites para sus gastos de funcionamiento, 15% para Gobernaciones y 25% para Municipios; en ese marco, cada entidad territorial elabora y aprueba su presupuesto para cada gestión.
En relación al Programa Bolivia Cambia, su objetivo es fortalecer precisamente la gestión de los gobiernos autónomos departamentales y municipales, así como otras instituciones públicas y privadas; el presupuesto inscrito actualmente en la Unidad de Proyectos Especiales es para la continuidad, conclusión e inscripción de varios proyectos de inversión de diferentes sectores económicos, salud, educación, agropecuario, comercial, productivo, etc.
Respecto a las Empresas Públicas, sus recursos previstos en el PGE 2023 por Bs79.588 millones corresponden a ingresos de operación por Bs61.111 millones, resultado de la venta de bienes y servicios como Gas, Electricidad (Generación Transmisión, Distribución), Carbonato de Litio, Transporte de Pasajeros, Productos Agrícolas y Agropecuarios, y otros que son dispuestos por las señaladas entidades. Asimismo, es importante hacer notar, que debido a la actividad que realizan las empresas públicas, Bs18.478 millones corresponden a fuentes financieras, mismos que permitirán financiar sus operaciones e inversiones.
Las Empresas Públicas, dentro sus gastos de operaciones consideran el pago de Remuneraciones, compra de Bienes y Servicios lo que incluye materia prima e insumos para producción, pago de impuestos, patentes, intereses y otros gastos corrientes, generando un balance fiscal corriente positivo de Bs17.897 millones, lo cual permitirá hacer frente a sus inversiones, obligaciones financieras y otros pasivos propios del giro del negocio de cada una.
Finalmente, pese al contexto internacional complejo que afectó los precios de las materias primas de los combustibles, fertilizantes, alimentos y otros, como resultado de las medidas económicas de reconstrucción aplicadas desde noviembre de 2020, se tiene estabilidad económica, estabilidad de precios con tasa de inflación más baja de la región y se redijo el déficit fiscal de 12,7% (del Producto Interno Bruto – PIB) en 2020, a 9,3% en 2021 y posteriormente a 7,2% en 2022, garantizando el crecimiento económico en un escenario de incertidumbre económica internacional, concluye la nota institucional. (ACUERDOS/rjra)
