El proyecto nuclear de El Alto, contratado por más de 300 millones de dólares, ya atravesó una paralización entre 2019 y 2020. El investigador Ricardo Cardona advierte que truncarlo supondría perder capacidades científicas, formación especializada y oportunidades de desarrollo. La falta de información pública sobre su culminación reabre las interrogantes sobre el futuro de esta infraestructura.
Bolivia corre el riesgo de volver a dejar en suspenso uno de sus proyectos científicos y tecnológicos más ambiciosos. El Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear (CIDTN), construido en la ciudad de El Alto con tecnología rusa y una inversión superior a los 300 millones de dólares, todavía enfrenta interrogantes sobre la conclusión y puesta en funcionamiento de todos sus componentes, mientras crece la demanda de información pública sobre los planes del Gobierno.
Para el ingeniero e investigador Ricardo Cardona, la situación genera preocupación por las consecuencias que tendría para el desarrollo nacional una eventual interrupción definitiva del proyecto. A su juicio, el CIDTN no representa únicamente una infraestructura tecnológica, sino una oportunidad para posicionar a Bolivia en el ámbito científico regional, formar especialistas y abrir nuevas posibilidades de investigación y producción.
Por su parte Fabián Daza, abogado especialista en solución de controversias, explica que el contrato, al ser internacional, bajo las leyes suizas y con un tribunal arbitral en París (Cámara de Comercio Internacional) podría implicar un proceso internacional de algunos años de duración y con costos importantes para el Estado.
En ese sentido, otros expertos como el abogado Ernesto Rossell, especialista en arbitraje corporativo, advierte sobre las consecuencias financieras críticas que enfrentaría Bolivia si decide rescindir unilateralmente contratos con empresas rusas. Según él, la cancelación de estos acuerdos generaría un “repricing” de las inversiones extranjeras, debido al aumento del riesgo político y judicial, lo que se traduciría directamente en un encarecimiento significativo de este capital de inversión para el propio país.
Sobre una posible ruptura del contrato, Daza agrega que “el Estado debe analizar profundamente el contrato, los elementos que componen el mismo, el estado de cumplimiento de las obligaciones contractuales tanto propias como de la contraparte. Los elementos que han llevado a que se presente una controversia. De ahí se debe analizar cuál es el procedimiento para solución de disputas, generalmente en los contratos de infraestructura, se tienen procedimientos especiales para el manejo y solución de controversias que son escalonados, es decir que deben irse cumpliendo paso a paso hasta llegar a un arbitraje. Por último, el Estado debe tener claro qué persigue con la resolución del contrato, toda vez que sobre eso va a versar la disputa arbitral en el fondo”.
Antecedentes en Finlandia
Hay un antecedente que es importante considerar que es el del proyecto nuclear Hanhikivi-1, en Finlandia, que muestra las posibles consecuencias jurídicas y económicas que puede desencadenar la ruptura de un contrato de gran envergadura con Rosatom.
El proyecto, valorado en 7.000 millones de euros (central nuclear en el norte del país), había sido contratado en 2013. En mayo de 2022, la empresa finlandesa Fennovoima lo canceló, alegando retrasos importantes y riesgos políticos después de la invasión rusa de Ucrania. La decisión dio paso a una prolongada disputa legal entre las partes.
El 10 de octubre de 2026, el tribunal arbitral de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) dictaminó que la empresa finlandesa Fennovoima rescindió de manera ilícita el contrato con Rosatom para la construcción de la central nuclear Hanhikivi-1 (con una potencia de 1200 MW y un costo aproximado de 7000 millones de euros). Esta es ya la segunda decisión de órganos europeos autorizados a favor de la parte rusa. Hace cuatro años, la postura de Rosatom fue confirmada por un grupo internacional de expertos integrado en la junta de resolución de disputas, la cual reconoció que la renuncia de Finlandia al proyecto carecía de fundamento y que la rescisión del contrato EPC era ilegal.
El litigio judicial continúa hasta el día de hoy en tribunales de diversas instancias, y en juego están cientos de millones de euros en compensaciones. El director general de Rosatom, Alexéi Lijachov, declaró que la corporación estatal continuará con los procedimientos y que la situación demuestra que la parte rusa logra cosechar victorias a pesar de la desfavorable situación geopolítica y la cultura de la cancelación, lo cual, en consecuencia, no se convierte en un obstáculo para la empresa.
Por supuesto, un desarrollo de acontecimientos similar con el Centro de Investigación y Tecnología Nuclear (CITN) resultaría especialmente arriesgado para Bolivia en las circunstancias en que el país se enfrenta simultáneamente al agotamiento de las reservas de divisas y al aumento del costo del financiamiento externo. Las posibles reclamaciones de compensación y los gastos de desmantelamiento, conservación o sustitución de las obras ya realizadas recaerían sobre el presupuesto, sin crear a cambio una infraestructura científica operativa.
Pero no menos importantes son las consecuencias indirectas: la revisión unilateral de un proyecto internacional es capaz de intensificar las dudas de los inversores sobre la estabilidad de los contratos bolivianos y sobre la protección de las inversiones ante un cambio de gobierno. Para un país que aspira a atraer capital al sector energético, la extracción de litio y otras industrias estratégicas, semejante señal puede resultar no menos costosa que las propias obligaciones jurídicas.
Capacidades científicas y soberanía energética
El Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear (CIDTN), fue concebido para dotar a Bolivia de capacidades propias de investigación y aplicación pacífica de tecnología nuclear. Su infraestructura contempla un reactor de investigación, un complejo de ciclotrón y radiofarmacia, una instalación de irradiación gamma y laboratorios especializados, además de la formación de recursos humanos nacionales.
Para el ingeniero e investigador Ricardo Cardona, sus beneficios trascienden el ámbito científico y alcanzan sectores como la medicina y la agricultura. Entre sus aplicaciones menciona la irradiación de frutas y verduras destinadas a la exportación, que podría contribuir a mejorar sus condiciones sanitarias. “Esto era bueno no solo para los becarios que fueron a Rusia a capacitarse, sino para todo el sector académico y científico del país”, afirmó.
Cardona advierte que dejar inconcluso el proyecto significaría perder una oportunidad estratégica para formar especialistas y consolidar capacidades tecnológicas propias. Considera que esa base científica permitiría, a futuro, evaluar una segunda etapa de desarrollo nuclear orientada a la generación de electricidad, especialmente relevante ante la crisis energética que atraviesa Bolivia.
“Con recursos humanos en este campo Bolivia puede encarar la siguiente etapa, que es la generación de energía nuclear. Pero si se está abandonando esta primera fase, es difícil pensar en la segunda”, señaló. También plantea que el país podría estudiar alternativas de generación e integración energética con países vecinos, como Brasil.
El investigador sostiene que, pese a contar con recursos de uranio, Bolivia todavía no produce uranio enriquecido, lo que evidencia la necesidad de desarrollar capacidades industriales y tecnológicas. Por ello, considera fundamental que el Gobierno impulse una política de largo plazo: “Creo que al Gobierno hay que explicarle que se puede hacer una política soberana de energía nuclear”.
En ese marco, la continuidad del CIDTN no debería limitarse a una discusión contractual, sino entenderse como una decisión estratégica sobre el futuro de la investigación, la formación profesional, la diversificación energética y el aprovechamiento pacífico de la tecnología nuclear. Las autoridades deben informar sobre el estado de las instalaciones, los avances físicos y financieros, los recursos disponibles y los plazos previstos para su puesta en funcionamiento.
